El Ministerio de Justicia y el Colegio de Abogados de Madrid han acordado firmar un convenio que triplicará la remuneración establecida legalmente para los abogados de oficio que ejercen la defensa de los imputados en la causa que investiga la Audiencia Nacional sobre los atentados del 11-M en Madrid, según ha informado el Ministerio de Justicia.
En el aspecto retributivo, el acuerdo incluye un factor de corrección en el pago a los letrados según la complejidad de cada caso, pudiendo llegar a cobrar un máximo de 20.000 euros. El Ministerio ha justificado esta medida atendiendo a "la excepcionalidad de la causa", así como a su "gran volumen y complejidad".
En concreto, el convenio establece que el Ministerio de Justicia se encargará de aumentar el sueldo de los abogados que actúen en la fase intermedia de la causa y en el juicio oral, mientras que será el Colegio de Abogados de Madrid quien asumirá los gastos adicionales de los letrados que sólo intervinieron en la fase de instrucción.
En diversas ocasiones, los abogados de oficio de los procesados por los atentados islamistas han denunciado la "absoluta precariedad" de medios materiales y económicos con que contaban para desempeñar con "un mínimo de rigor y garantía" la defensa de sus clientes. En una rueda de prensa celebrada el pasado 12 de junio, llegaron incluso a amenazar con utilizar "todos los mecanismos jurídicos y legales" para evitar que el juicio se celebre en las actuales condiciones.
El Ministerio especificó que el acuerdo fue el fruto de diversas reuniones mantenidas entre el secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, y representantes del Colegio de Abogados de Madrid, del Consejo General de la Abogacía Española y los propios letrados afectados.
MÁS TRADUCTORES Y ACERCAMIENTO DE PRESOS
Otra de las medidas acordadas por el Ministerio para "facilitar el trabajo" a los abogados es la creación de una "amplia bolsa de intérpretes y traductores de árabe con capacidad de traducción simultánea" que, además, estén "familiarizados" con el lenguaje jurídico. En este sentido, Justicia recuerda que "la mayoría" de los procesados no hablan español, lo que dificulta el trabajo de sus letrados.
El Ministerio también dio instrucciones a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para el acercamiento a Madrid de los presos procesados por la masacre para facilitar la comunicación con sus abogados, medida que fue adoptada antes de verano.
Debido al "gran volumen" de las actuaciones judiciales (sólo el auto de procesamiento ocupaba 1.460 páginas), Justicia también les ha entregado a cada uno de los letrados defensores dos discos en formato DVD con el sumario escaneado y una clave personal de acceso.
El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo ha sido el encargado de instruir la causa que investiga los atentados y no ha sido hasta el pasado día 7 de julio, casi dos años y cuatro meses después de la masacre, cuando el magistrado ha dado por concluida la instrucción, en la que ha procesado a 29 de los 116 inicialmente imputados en ella.
En el auto de conclusión del sumario dictado por Del Olmo en julio, éste elevaba lo actuado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que prevé iniciar el juicio contra los presuntos responsables de la masacre entre diciembre de este año y enero de 2007.
En su resolución, el magistrado reconocía que algunos extremos de la investigación no habían logrado ser esclarecidos, en cuestiones tales como "el número exacto de personas que intervinieron en el traslado y colocación" de las bombas, o en "los medios de transporte utilizados para el traslado de los autores materiales y de los artefactos explosivos hasta las estaciones de tren".
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