Una empresa de publicidad, un supermercado y otra empresa de fontanería han sido sancionados por el Gobierno regional con multas de 6.000 a 12.000 euros por discriminación por razón de sexo. Este ha sido el resultado del Plan de control de igualdad de las mujeres trabajadoras que la Consejería de Hacienda y Empleo puso en marcha en el año 2004.
El consejero Juan José Muñoz, junto con la directora general de Empleo y Relaciones Laborales, María Concepción Arruga, han hecho públicos los resultados de esta campaña con el objetivo, señala, de 'sensibilizar a la sociedad para que desaparezcan este tipo de conductas discriminatorias'. Añade, que, en el caso de que lleguen a producirse 'sepan que la autoridad laboral va a hacer un seguimiento de las mismas intentando esclarecer los hechos y sancionándolas' en su caso.
El Plan de control se efectúa a partir del análisis de los actos de conciliación que presentan las trabajadoras en los que alegan vulneración del derecho fundamental a la no discriminación por razón de sexo.
La Dirección General de Empleo remite mensualmente a la Inspección de Trabajo la relación de actos de conciliación en los que pudiera haberse producido infracción en orden social, para que se levante la correspondiente acta de infracción y, posteriormente, ser sancionadas por la Dirección General. Las sanciones de este Plan pueden ir desde 3.000 a 90.000 euros y persiguen posibles discriminaciones como acoso sexual, despido, retribución, o permisos.
Desde el año 2004 hasta julio de 2006, explicó Muñoz, se han detectado 33 actos de conciliación con indicios de presuntas discriminaciones, de los que cuatro fueron en 2004, doce en 2005 y, hasta el mes de julio de 2006, 17.
En palabras de Muñoz, 'ninguno de los cuatro actos de conciliación detectados en el año 2004' recibieron sanción. No obstante, de los doce casos investigados en 2005, tres acreditaron irregularidades que fueron sancionadas.
La primera fue una empresa de publicidad por despedir a una trabajadora embarazada, señaló el consejero, 'por motivos disciplinarios que no fueron acreditados' y que fue sancionada con 6.000 euros. La segunda, esta vez, de 9.000 euros, fue para un supermercado por despedir a una auxiliar de caja embarazada. Y, por último, la sanción más grave, de 12.020, euros fue para una empresa de fontanería.
Según explica Muñoz, los 17 conflictos individuales detectados en lo que va de año están 'en proceso de investigación, a excepción de uno que ha sido archivado' por no mostrar indicios suficientes para la sanción.
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