Diez empresas y 140 particulares se han adherido a la querella criminal presentada por la Asociación Española de Usuarios, Empresarios y Profesionales del Transporte Aéreo (Asetra) contra los trabajadores que colapsaron el Aeropuerto de El Prat el pasado día 28. Se trata de la primera querella contra los empleados de Iberia.
El director de Asetra, Ignasi Rubio, indicó que la asociación ha entregado al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de El Prat de Llobregat nueva documentación en la que se acreditan los perjuicios causados a los demandantes.
Rubio puso ejemplos como el de una multinacional que, debido al colapso, acabó con siete trabajadores «tirados en toda Europa» o el de varias empresas que perdieron productos perecederos que debían transportarse con origen o destino en El Prat.
Explicó que la estimación de las pérdidas ocasionadas es ahora «muy lenta» debido a las vacaciones en las empresas, que deben evaluar de forma individualizada si el colapso del aeropuerto de Barcelona les provocó pérdidas económicas.
Señaló que «llevará tiempo» hacer una cuantificación general de los perjuicios, aunque reiteró que las indemnizaciones serán elevadas, debido al gran número de empresas y particulares afectados.
Solicitud de nuevas comparecencias
El director de Asetra también aseguró que la asociación ha pedido al juez nuevas comparecencias, que se suman a la lista de cargos políticos, empresariales y sindicales ya solicitada con la presentación de la querella.
Asetra pide al juez que comparezcan en calidad de testigos el presidente de Aena, Manuel Azuaga, y el director general de Navegación Aérea de Aena, Francisco Quereda, para que declaren ante los indicios de que el corte de las pistas pudo provocar peligro para la navegación aérea.
En su querella, Asetra solicita al juez que embargue bienes de los trabajadores que colapsaron el aeropuerto «para hacer frente a las elevadas indemnizaciones que correspondan» y que se imponga una fianza a los trabajadores para «responder a las responsabilidades civiles y penales que puedan derivarse de su actuación».
Asimismo, pide al juez que obligue a los trabajadores implicados a personarse los días 1 y 15 de cada mes para evitar su salida del país y justifica las medidas cautelares por «la condición de personal aeronáutico de los trabajadores de Iberia y su facilidad para obtener pasajes de avión y salir del país, para eludir la acción de la justicia», según la querella.
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