El comandante que denunció por primera «mobbing» en el Ejército se ha dirigido al Tribunal Militar Central para pedir que se investigue por qué no se han borrado del Sistema de Personal del Ministerio de Defensa, SIPERDEF, dos sanciones que le fueron impuestas, una de un mes y un día de arresto y otra de pérdida de destino, que fueron anuladas por el Tribunal Constitucional y el Supremo, respectivamente.
En los dos escritos se afirma que el que ambas sanciones aparezcan en el citado registro puede haber perjudicado al comandante «de forma importante, durante años, en la petición de vacantes de libre designación que solicitaba y que eran sistemáticamente declaradas ‘desiertas’ o asignadas a otras personas que parecían mejores militares».
El comandante también esgrime que le ha perjudicado en su solicitud de que se le concediera la Cruz de San Hermenegildo, que le fue denegada. En este procedimiento, recusó a los tres últimos ex jefes de Estado Mayor del Ejército, Alfonso Pardo de Santayana y Coloma, Luis Alejandre Sintes y José Antonio García González, además de al general de Brigada Eduardo Gutiérrez Salguero, para evitar que participaran en la decisión sobre la concesión.
Tanto Pardo de Santoyana, como García González y Gutiérrez Salguero se abstuvieron de participar en la reunión en la que se decidió a quien se otorgaba la condecoración, «a fin de no crear el más mínimo recelo o sospecha de imparcialidad o neutralidad», aunque consideraban que no había motivos para ser recusados.
En el escrito en el que el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, comunicó al comandante que no se le concedería la Cruz de San Hermenegildo se mencionan cuatro sanciones que se le impusieron, en las que se precisaba que estaban canceladas. Sin embargo, se añadía «aun canceladas las notas desfavorables relacionadas se aprecia que su conducta no ha tenido a lo largo de su carrera militar el calificativo de intachable», por lo que no es merecedor de la condecoración, cuya concesión corresponde a la Administración.
Tres de estas sanciones canceladas eran leves y el Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas prohíbe utilizarlas en este tipo de concesiones.
Como las sanciones siguen constando en la base de datos del Ministerio, el comandante pide al Tribunal Militar Central que ejecute las sentencias en las que se le anularon, se compruebe que ya no constan en el SIPERDEF y se adopten las medidas oportunas para determinar qué persona es la responsable de la situación que padece, por «incumplir su deber».
En concreto, el comandante considera responsable de esta circunstancia al comandante Fernando Alberquilla, jefe del Negociado de Documentación de la Sección de Trienios, Documentación y Recompensas, de la Dirección de Gestión de Personal del Ejército de Tierra, contra el que ha iniciado acciones legales. Además, no descarta que su superior inmediato, el coronel Joaquín Carrasco, también comparta alguna responsabilidad en que no se borraran sus sanciones.
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