El Consejo de Ministros aprobó hoy el Real Decreto-Ley de reforma del mercado laboral, con el que el Gobierno prevé hacer fijos a un millón de trabajadores temporales desde la entrada en vigor de la norma, prevista para el próximo 1 de julio, hasta el año 2008.
La reforma, fruto del acuerdo que el Ejecutivo y los agentes sociales
firmaron hace exactamente un mes, pasará ahora al Congreso de los Diputados para su convalidación y, con toda probabilidad, será tramitada como proyecto de ley, permitiendo así la inclusión de enmiendas al texto.
Según destacó la vicepresidenta segunda del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se trata de la primera reforma laboral consensuada con los agentes sociales en 25 años.
Ello, dijo, ha sido posible gracias al esfuerzo de empresarios y sindicatos y al empeño del ministro de Trabajo, Jesús Caldera. «Estamos en condiciones excelentes para abordar los cambios que necesita el mercado laboral», aseguró De la Vega.
El principal objetivo de esta ley, cuyo coste rondará los 4.000 millones de euros por año, es reducir la temporalidad y fomentar la estabilidad en el empleo. Según cálculos de la Oficina Económica de Presidencia que dirige Miguel Sebastián, la reforma permitirá que la tasa de temporalidad, actualmente situada en el 33,3%, se reduzca por debajo del 30% a principios de 2007.
Ello será posible, entre otras cosas, al plan de choque para la conversión de empleo temporal en fijo que incluye la reforma. Este plan permitirá que los contratos temporales suscritos con anterioridad al 1 de junio de 2006 que se transformen en indefinidos tengan bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social, siempre y cuando la conversión se efectúe antes del próximo 1 de enero. Estas ayudas durarán tres años y su cuantía será de 800 euros al año. A partir de 2007 desaparecerán las bonificaciones a la conversión.
Otra medida que ayudará a convertir empleo temporal en indefinido es el límite que impondrá la norma al encadenamiento de contratos temporales en un mismo puesto de trabajo. Así, adquirirán la condición de fijos los trabajadores que en un plazo de 30 meses hayan ocupado el mismo puesto de trabajo durante dos años a través de dos o más contratos temporales.
Además, la reforma abrirá un nuevo periodo para que los contratos temporales que se conviertan en fijos puedan hacerlo al contrato de fomento del empleo estable, cuya indemnización por despido improcedente es de 33 días por año de servicio frente a los 45 días de los indefinidos ordinarios, contrato éste último que «no se toca» en la ley.
En concreto, la nueva norma permitirá que los contratos temporales celebrados hasta el 31 de diciembre de 2007 puedan convertirse a contratos indefinidos de 33 días. Después de esa fecha, las conversiones volverán a efectuarse a través de contratos de 45 días.
EMPLEO INDEFINIDO
La reforma establecerá también un programa de estímulos al empleo indefinido inicial, que incluirá a los jóvenes varones de 16 a 30 años entre los colectivos que podrán beneficiarse de estas bonificaciones. Éstas, además, tendrán una duración de cuatro años, frente a los dos actuales, y sus cuantías oscilarán entre los 500 y los 3.200 euros al año, dependiendo del colectivo al que vaya dirigido el contrato.
La cantidad más baja corresponderá a las conversiones de contratos formativos, de relevo y de sustitución por jubilación, con una bonificación de 500 euros al año. Las bonificaciones más altas, de 3.000 y 3.200 euros, se dirigirán a las personas con discapacidad y en este supuesto se mantendrán durante toda la vigencia del contrato fijo.
Entre medias, se encuentran los parados de larga duración (bonificación 600 euros de cuatro años de duración), los jóvenes de 16 a 30 años (800 euros y cuatro años de duración), las mujeres -incluidas las víctimas de la violencia de género- (850 euros y cuatro años de duración), y los mayores de 45 años y las mujeres contratadas en los dos años siguientes al parto, que gozarán de una bonificación de 1.200 euros en ambos casos, aunque en el primero se mantendrá durante toda la vigencia del contrato y en el segundo durará cuatro años.
COTIZACIONES
Asimismo, el texto contempla una reducción de cotizaciones al desempleo en los contratos fijos, del 0,25% hasta 2008 y otro cuarto de punto adicional desde ese año. En las cotizaciones al Fogasa, las cuotas empresariales se rebajarán del 0,4% actual al 0,2%. Además, las cotizaciones empresariales por desempleo de los contratos temporales a tiempo completo celebrados por las empresas de trabajo temporal se igualarán a las del resto de temporales, pasando del actual 7,7% al 6,7% a partir del 1 de julio de 2006.
El Fogasa también verá mejoradas sus prestaciones e indemnizaciones con la reforma, así como el sistema de protección por desempleo, que a partir de la entrada en vigor de la norma extenderá el subsidio por paro de seis meses de duración para los mayores de 45 años sin cargas familiares que hayan agotado su prestación contributiva.
Otros aspectos del texto se centran en definir, de manera clara, la figura de la cesión ilegal de los trabajadores dentro del Estatuto de los Trabajadores, y en la creación de un libro de registro que deberá disponer la empresa principal cuando sus contratas o subcontratas compartan de forma continuada el mismo centro de trabajo. Dicho libro, que recogerá toda la información de la cadena, estará a disposición de los representantes de los trabajadores.
Asimismo, en materia de subcontratación, la reforma establece que cuando una empresa contrate a una contrata o subcontrata tendrá que informar a los representantes legales sobre el objeto y duración de la contrata, el lugar de ejecución, el número de trabajadores que serán ocupados por la contrata en el centro de trabajo de la empresa principal, así como de otros datos relacionados con la empresa contratista (razón social, identificador fiscal, etc.).
El acuerdo contempla también el compromiso de reforzar los efectivos de la Inspección (la idea es que a final de legislatura haya 954 inspectores y 968 subinspectores), y la puesta en marcha, en un plazo de tres meses, de un plan global de modernización de los servicios públicos de empleo, tanto estatal como autonómicos.
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