La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) ha denunciado hoy, en su Informe Anual, la brutal supresión de derechos sindicales que continuamente se viene produciendo en todo el mundo.
En 2005, 115 sindicalistas fueron asesinados por defender los derechos de los trabajadores, mientras que se registraron más de 1.600 víctimas de agresiones violentas y cerca de 9.000 detenidos, según el Informe Anual de la CIOSL sobre las violaciones de los derechos sindicales, publicado hoy. Alrededor de 10.000 trabajadores/as fueron despedidos por sus actividades sindicales, y 1.700 arrestados.
América Latina continúa siendo la región más peligrosa para el ejercicio de actividades sindicales, y Colombia encabeza una vez más la lista de asesinatos, actos de intimidación y amenazas de muerte. Setenta sindicalistas colombianos pagaron con su vida por haber intentado defender los derechos fundamentales en el trabajo. Otros países que destacan por actos de violencia y represión contra los sindicalistas son Iraq, Irán, El Salvador, Djibouti, China, Camboya, Guatemala, Zimbabwe y Birmania. Algunos países del Golfo continúan prohibiendo totalmente los sindicatos, en tanto que otros muchos, entre los que figura Corea del Norte, los “sindicatos oficiales” controlados por el gobierno están a la orden del día. En Australia, el gobierno se apresuró a aprobar nuevas leyes que privan a los trabajadores de aquel país de la protección más elemental.
“El informe de este año revela tendencias muy preocupantes, especialmente para las mujeres, los trabajadores emigrantes y los funcionarios del sector público”, afirma el Secretario General de la CIOSL, Guy Ryder. “El número de muertes fue ligeramente inferior en 2005 que el año anterior, pero estamos no obstante siendo testigos de una intensificación de la violencia y la hostilidad contra los trabajadores y trabajadoras que pretenden defender sus derechos”, añadió.
Además de los 70 asesinatos registrados, 260 sindicalistas colombianos recibieron amenazas de muerte, en un clima de persistente impunidad de los asesinos, y donde los sindicalistas se están convirtiendo en el blanco deliberado de ataques por parte de grupos armados. El sector de la educación ha sido particularmente objeto de represión, lo que ha contribuido a un creciente fenómeno de violencia contra las mujeres trabajadoras.
En otros puntos de las Américas, ocho defensores de los derechos de los trabajadores rurales fueron asesinados en Brasil, mientras que en Honduras, el coordinador sindical regional Francisco Cruz Galeano moría acribillado a balazos en diciembre. En Guatemala persiste el clima de violencia y terror, especialmente contra las mujeres trabajadoras, siendo las principales víctimas los trabajadores/as en los sectores de la educación, la banca y la agricultura.
La Administración Bush ha continuado atentando contra la libertad sindical y la negociación colectiva en Estados Unidos, contribuyendo así a que las campañas organizadas para destruir sindicatos sigan a la orden del día. Uno de los empleadores más notoriamente antisindicales en aquel país, WalMart, ha exportado también sus prácticas a Canadá. Varias provincias canadienses adoptaron igualmente otras medidas para debilitar los derechos sindicales. Al igual que en otras regiones, las violaciones sistemáticas de los derechos de los trabajadores en las zonas francas han sido una característica destacada en México y en la República Dominicana en particular, donde las compañías multinacionales sacan provecho de los bajos salarios y de unas condiciones de trabajo abusivas, especialmente en las cadenas de suministros para los sectores del textil y el metal.
Las zonas francas industriales en varios países asiáticos, especialmente Bangladesh, India, Pakistán, Filipinas y Sri Lanka han destacado también por acciones antisindicales por parte de los empleadores, muchas veces en complicidad con los gobiernos, como parte de la implacable batalla a la que se han librado muchas empresas globales para desbancar a sus competidores.
En Birmania, diez organizadores clandestinos de la ilegalizada Federación de Sindicatos de Birmania fueron arrestados y condenados a penas de prisión de entre tres y 25 años, en tanto que la Junta militar reforzaba su poder absolutista. En Corea del Sur, Kim Tae-hwan, de la central sindical FKTU, ha sido uno de los 17 sindicalistas asesinados en Asia en el transcurso de 2005, al ser arrollado por un camión cuyo conductor cumplía órdenes de la policía de lanzar su vehículo a través de un piquete de trabajadores del cemento. La violencia antisindical por parte de la policía y las fuerzas de seguridad ha quedado documentada repetidas veces en India, Camboya, China y muchos otros países.
Los sindicatos nepalíes son un elemento central del movimiento de la sociedad civil que busca restaurar los derechos humanos y sindicales tras el golpe de Estado del rey Gyanendra. Entre tanto, los trabajadores son sujetos a un estricto control del gobierno en Corea del Norte, Laos y las Maldivas, al igual que la única federación sindical nacional que existe en Vietnam. Docenas de sindicalistas chinos continúan en prisión, y las autoridades reprimieron violentamente las protestas de los trabajadores en distintas localidades, habiéndose recibido informes no confirmados de dos personas muertas.
El gobierno conservador de Australia consiguió que el Parlamento nacional aprobase a finales de año una serie de leyes antisindicales, que imponen considerables restricciones al derecho de los trabajadores a contar con representación sindical. Se ha eliminado la protección frente al despido improcedente para casi todos los trabajadores australianos, además de introducir disposiciones para la imposición de importantes multas a los dirigentes sindicales y trabajadores simplemente por intentar que el empleador conceda permisos remunerados para participar en cursos de formación del sindicato o pretender garantizar que no se despida a los trabajadores sin un motivo justificado.
En Oriente Medio, una serie de acciones de protesta organizadas por los trabajadores iraníes, incluyendo al sector de transporte, fueron reprimidas de forma extremadamente violenta por la policía, habiéndose recibido informes de casos de tortura y agresiones contra los huelguistas. Las autoridades pusieron fin a los intentos de los trabajadores de formar un sindicato en la planta de automóviles Iran Khodro, que suministra a Renault, y numerosos trabajadores fueron despedidos por haber exigido el pago de sus salarios. Un trabajador fue aprehendido por los agentes de seguridad de la empresa, brutalmente golpeado, para reaparecer varias semanas más tarde en la conocida prisión de Evin, en Teherán. El conflicto en Iraq ha hecho que las actividades sindicales resulten extremadamente difíciles, habiéndose registrado la muerte de 13 representantes sindicales como consecuencia directa de sus actividades sindicales, incluyendo al dirigente de la Federación Iraquí de Sindicatos, Hadi Salih, brutalmente torturado y ejecutado por unos asesinos que irrumpieron en su domicilio durante la noche del 4 de enero.
Los trabajadores y trabajadoras migrantes han sido víctimas de una explotación abusiva en varios países de Oriente Medio, entre los que figuran Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Libia y Jordania. En muchos de estos países, los sindicatos siguen estando totalmente prohibidos, o sujetos a fuertes restricciones legales. En los Emiratos Árabes Unidos, 130 trabajadores de la construcción fueron violentamente atacados por haber iniciado una huelga, y algunos trabajadores migrantes no recibieron sus salarios durante hasta 16 meses. En Bahrein, las esperanzas de que el gobierno pudiera tomar medidas positivas para que la legislación esté conforme con las normas internacionales se vieron frustradas tras la promulgación de una nueva disposición legal aún más restrictiva. En Qatar se registró un hecho positivo, con la adopción de un nuevo Código Laboral que, pese a sus deficiencias en varios aspectos, permite la formación de sindicatos libres.
En uno de los peores incidentes registrado en el continente africano, la policía de Djibouti ocasionó un muerto y varios heridos al disparar para dispersar una manifestación de conductores de autobuses. En ese mismo país, una huelga de trabajadores portuarios se saldó con 170 detenciones y 70 despidos. El movimiento sindical de Zimbabwe ha sido víctima de continuos actos de hostigamiento por parte del gobierno, profiriéndose amenazas de muerte contra sus dirigentes, y registrándose arrestos y detenciones de activistas, además de varios casos de violencia física en su contra.
El uso de balas de goma y gases lacrimógenos ha sido una característica generalizada de la respuesta policial a las protestas de trabajadores en Sudáfrica, donde dos trabajadores tuvieron que ser hospitalizados como resultado de las acciones policiales. Mientras tanto, en Nigeria, una nueva ley establece severas restricciones al derecho de huelga y prohíbe totalmente los sindicatos para algunos trabajadores. Las autoridades de Etiopía han reprimido particularmente a los periodistas, manteniendo la prohibición del sindicato de docentes en aquel país, cuyos miembros fueron detenidos y acusados de alta traición. También se produjeron acciones antisindicales en el sector educativo en Argelia y Camerún. En Sudán, Egipto y Libia, únicamente se permite la existencia de centrales sindicales nacionales controladas por el Estado.
En Europa, la peor represión contra los sindicatos tuvo lugar en Belarús, donde el régimen de Lukashenko no ha aplicado ninguna de las recomendaciones de una Comisión de Encuesta de la OIT, y en cambio ha consolidado la posición de la organización controlada por el gobierno, la FBP, manteniendo un alto grado de injerencia en los asuntos de los sindicatos independientes. El gobierno de Moldova también intentó coaccionar a los trabajadores, especialmente en el sector educativo, para que se afiliasen a las estructuras sindicales “preferidas” por las autoridades.
Las autoridades turcas han protagonizado igualmente actos de violencia contra los docentes, y más de 500 trabajadores turcos fueron despedidos por sus actividades sindicales. En la Unión Europea, en Polonia se ha informado de injerencia y control estatal sobre los sindicatos, mientras que el gobierno alemán se negó a levantar la prohibición de las huelgas en el sector público. En ese mismo país, la cadena de supermercados Lidl sigue mostrándose abiertamente antisindical, mientras que la compañía de catering Gate Gourmet también se ha distinguido por sus acciones represivas, tanto en Alemania como en el Reino Unido.
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