El grupo parlamentario Popular respetará los contenidos de la reforma laboral cuando llegue al Congreso aunque no renuncia a su tramitación como proyecto de ley, según explicó ayer el secretario de Política Económica y Empleo del PP y diputado, Miguel Arias Cañete, tras una reunión mantenida con UGT, CC.OO y CEOE, quienes también conversaron con el Grupo Socialista.
Los agentes sociales plantearon sus inquietudes al PP respecto a la tramitación parlamentaria de los acuerdos a los que se ha llegado con el Gobierno, que aún no lo ha aprobado en el Consejo de Ministros.
A la reunión acudió el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, Ignacio Fernández Toxo de CC.OO y Juan Jiménez Aguilar por parte de CEOE, quienes pusieron sobre la mesa del PSOE y el PP su preocupación ante la posibilidad de tramitar un proyecto de ley, sometiéndolo a modificaciones sustanciales que pudieran desvirtuar el diálogo social.
Según Ferrer, la reunión se basó en explicar que «el acuerdo ha sido el resultado de equilibrios a lo largo de un año de trabajo», y en expresar su temor ante la posibilidad de que haya modificaciones en su tramitación parlamentaria, que pudieran crear incertidumbres, por lo que abogaron por la vía de urgencia o decreto ley.
Por su parte, los ‘populares’ manifestaron a través de Arias Cañete que «no se puede renunciar a la tramitación del decreto como proyecto de ley pero sí se puede garantizar la responsabilidad del principal partido de la oposición de respetar los contenidos básicos del acuerdo».
Por ello, Cañete aseguró «máximo respeto» por los contenidos de un acuerdo que aunque desde su perspectiva, «podía haber sido mucho más amplio», no tiene intención de impulsar modificaciones parlamentarias que lo «desnaturalicen».
Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, recalcó el carácter «positivo» de la reforma y confirmó que su tramitación como decreto ley, ya que es la vía por la que inmediatamente se pone en práctica los acuerdos.
Para López Garrido, el contenido de la reforma «ayudará a la dinamización de la economía y a hacer que el mercado laboral español, que deja demasiado espacio a la precariedad, sea mucho más estable».
En su opinión, «no es necesaria la tramitación como proyecto de ley», pero cree que lo más importante es el consenso para su convalidación en la Cámara Baja, y en eso, «están de acuerdo» los grupos parlamentarios, según dijo.
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