Diez imputados y 28 detenidos en la «Operación Karlos» en Cádiz

La Guardia Civil ha detenido en la denominada «Operación Karlos» llevada a cabo en la provincia de Cádiz a 28 personas como presuntas autoras de delitos de fraude a la Seguridad Social, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental, y hay imputadas otras diez.

Según recordó el instituto armado, las investigaciones empezaron en octubre del pasado año, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que una persona identificada cómo C.C.M., podría encontrarse implicada en una trama dedicada a la concesión de pensiones por incapacidades laborales mediante procedimientos ilegales y que podría estar encargado de captar a personas interesadas en obtenerla de dicha forma.

Esta persona contaba con la connivencia de un inspector médico, F.C.P.L., que se apoyaba en determinados facultativos, tanto de atención primaria como especialistas, para ofrecer bajas e informes médicos falsos y se encargaba de supervisar estos documentos mediante el cobro de entre 9.000 y 24.000 euros.

En los casos en los que el beneficiario carecía de dinero, los dirigentes de esta trama le facilitaban una póliza a través de entidades bancarias, que posteriormente era abonada al banco una vez concedida la pensión.

La mayoría de los beneficiarios que obtuvieron o intentaron obtener estas pensiones por incapacidad laboral son de la comarca de la sierra gaditana, zona adonde uno de los principales dirigentes de esta organización está muy vinculado.

Algunos de los beneficiarios de la invalidez desconocían el mecanismo de obtención de una pensión por incapacidad laboral, ya que muchos de ellos están realmente enfermos y lo podrían haber solicitado por el procedimiento establecido y por tanto sin coste alguno al Ministerio de Trabajo a través del Equipo de Valoración de Incapacidades.

Las investigaciones realizadas por la Guardia Civil han sido desarrolladas en dos fases.
La primera fase, coordinada por el Juzgado de primera Instancia e Instrucción número dos de Jerez de la Frontera, finalizó el pasado 8 de abril con diez personas detenidas y fue imputada una más.
Durante esta primera fase se llevaron a cabo dos registros domiciliarios donde se intervinieron varios equipos informáticos y abundante documentación que aún se está analizando.
Una vez finalizada estas primeras actuaciones, el juzgado jerezano se inhibió en favor de uno de Cádiz, que emprendió la segunda fase el pasado 24 de abril, en la que fueron detenidas 18 personas más e imputadas otras nueve, la mayoría de ellas beneficiarias de estas prestaciones.
Hasta la fecha han sido estudiados 42 expedientes de personas sospechosas de tener en trámite o haber obtenido alguna pensión de incapacidad laboral.
El volumen del fraude a la Seguridad Social por esta trama se desconocerá hasta que dicho organismo no realice las evaluaciones correspondientes en función de las pensiones por incapacidad que se hayan concedido.
La operación continua abierta por lo que no se descartan nuevas detenciones de personas vinculadas a esta trama.