La Justicia argentina ha condenado a la filial de Telefónica en aquel país por haber discriminado a un grupo de empleados que se organizó sindicalmente.
Los antecedentes se remontan a finales de 2003, cuando un gerente de la compañía advirtió a varios empleados, cuatro ingenieros y un técnico, que no tendrían aumentos de sueldo mientras estuvieran afiliados al sindicato CEPETEL, Centro de Profesionales Telefónicos, amenaza que efectivamente cumplió, ya que los cinco trabajadores vieron sus salarios congelados. Además de la congelación salarial, la compañía les asignó desempeñar funciones de carácter secundario, por debajo de su cualificación profesional.
Liliana Tarbuch, jueza del Trabajo, ordenó a Telefónica que cesara en esa conducta, que consideró “discriminatoria” y contraria a la libertad de sindicación.
La demanda fue impulsada por empleados que formaban parte de la Gerencia de Redes Dedicadas de la empresa, área de profesionales con buenos sueldos que ha estado en el punto de mira de la empresa para su reestructuración.
En la causa que llevó la jueza Tarbuch, el testigo Walter Bringas, compañero de trabajo de los damnificados, contó que todos los integrantes del Area Redes Dedicadas fueron reunidos por la gerencia para recibir la misma amenaza: que tenían “la oportunidad de mejorar” sus “salarios si se daban de baja en Cepetel, y que “era conveniente” para sus familias que tomaran esta decisión.
La jueza valoró especialmente su testimonio, en el que Bringas relató que el trato de la empresa hacia los cinco profesionales que rechazaron desafiliarse se convirtió en “distante”. “Se nota que no intervienen en los proyectos importantes de la empresa, que fueron virtualmente puestos de lado.”
Otra de las pruebas del caso fue una pericial que constató que todos los del sector recibieron aumentos, a excepción de los denunciantes.
El fallo de Tarbuch sostiene que Telefónica “excluyó (a estos trabajadores) de aumentos remunerativos sin causa fundada (…), vulnerando la igualdad de derechos que tiene reconocimiento constitucional”. En lo estrictamente legal, no tiene mayor entidad que la advertencia a la empresa sobre su conducta. Pero operó cambios importantes en el espacio de trabajo, donde ayudó a disipar el miedo y fortalecer la organización gremial. Carlos Spaventa Domenech, abogado de los denunciantes, consideró que el caso servirá para sentar jurisprudencia.
La empresa, por su parte, desplazó tras la condena judicial a los gerentes que ejercieron la presión, dio el retiro al autor de las advertencias, así como también al responsable en el área de recursos humanos.
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