La ilegalidad está instalada en la vigilancia privada de la provincia, o eso parece reflejar los datos que manejan los sindicatos del sector. Cuatro de cada diez trabajadores incumplen la normativa vigente en materia de seguridad y protección de bienes.
De los 2.000 trabajadores censados en la provincia, 800 realizan su labor incumpliendo la ley. Esto conlleva una precariedad laboral en todos los aspectos, que se reflejan en las nóminas. Un vigilante de seguridad cobra por convenio 1.200 euros en quince pagas, incentivos aparte. El que actúa en la economía sumergida lo hace por el Salario Mínimo Interprofesional, que este año ronda los 530 euros mensuales.
Las causas del intrusismo hay que buscarlas en la gran demanda que tiene la seguridad privada. El aumento en las peticiones de servicios aumentaron en Pontevedra un 8% el año pasado. El incremento de la delincuencia en la provincia en un 10% y el robo de los inmuebles en un 20,3% son las causas de este auge.
Pero hablar de seguridad privada no es sólo hacerlo del hombre con uniforme, también se refiere a los medios tecnológicos de vigilancia, como cámaras de vídeo, sistemas integrales de protección de inmuebles. Un mercado, que en la provincia tuvo un repunte en el último año del 15% en sus ingresos, pero que en comunidades autónomas como Cataluña o Valencia representan el 25 o 30% del negocio total. La tarta de la facturación del sector en Pontevedra se reparte así: el 72% corresponde a vigilancia, el 20% a las alarmas y el 8% restante al transporte de fondos.
En la provincia operan 35 empresas de seguridad de las 67 que hay en la actualidad en la comunidad autónoma, aunque también realicen servicios en otras zonas de Galicia. De ellas, el 83% de sus plantillas están conformadas por hombres y el 17% mujeres. El 73% de los trabajadores se mueven en una horquilla de edad de entre los 25 y 44 años, y la rotación laboral (entrada y salida de trabajadores) alcanza el 50%.
http://www.lavozdegalicia.es/ed_vigo/noticia.jsp?CAT=111&TEXTO=5133113
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