El Pleno del Congreso rechazó ayer una moción del Grupo Popular que pedía el anuncio formal del presidente del Gobierno de que no se realizarán regularizaciones masivas de inmigrantes ilegales y de que, con ese fin, se modificará la ley de Extranjería.
La moción del PP obtuvo 133 votos a favor y 177 en contra, y se produjeron dos abstenciones.
A esta moción presentaron enmiendas de sustitución los grupos del PSOE, CiU y CC-NC, que no se votaron al ser rechazadas por el PP como grupo proponente de la moción inicial.
La moción de los populares también planteaba la designación de un único responsable del Gobierno en materia de inmigración y el despliegue de efectivos de la Armada en aguas internacionales próximas a Senegal y Mauritania para socorrer, atender y asistir humanitariamente a los ocupantes de los cayucos, así como devolverlos a su origen.
Otras de las propuestas del Grupo Popular defendían un despliegue permanente e indefinido del Frontex, con más patrulleras; la creación de una Agencia de Empleo e Inmigración y la puesta en marcha en el Congreso de una Comisión Mixta sobre inmigración.
La enmienda de CiU remarca uno de los aspectos más debatidos en la Cámara respecto a la inmigración en las últimas semanas, el consenso sobre un Pacto de Estado, una iniciativa que la que los populares discrepan.
La propuesta de los catalanes instaba al Gobierno a crear, con urgencia, un grupo de trabajo formado por altos responsables de los ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia, Interior y Trabajo y Asuntos Sociales, representantes de los Grupos y de las CCAA más afectadas, presidido y coordinado por la vicepresidencia del Ejecutivo, para alcanzar un acuerdo sobre este problema.
La enmienda de sustitución de CC-NC planteaba un paquete de medidas referidas a control de fronteras, actuaciones políticas y sociales, aumento de los recursos humanos y materiales, un proyecto de ley urgente contra la inmigración clandestina, menores, cooperación al desarrollo y acciones respecto a los irregulares.
El Grupo Socialista, en su enmienda, instaba al Gobierno a impulsar actuaciones que permitan proseguir la lucha contra la inmigración clandestina, en particular en lo referido a Canarias, Ceuta y Melilla.
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