El proyecto de Ley de Dependencia, aprobado ayer en el Congreso, configurará una sistema público de atención a las personas sin autonomía personal, entre ellas más de un millón de mayores o discapacitados en situación difícil, de las cuales casi 600.000 serán atendidas entre 2007 y 2009.
En próximo año, el nuevo sistema asistirá a 200.000 ciudadanos en situación de dependencia grave y en los dos años siguientes a 373.000 dependientes severos.
El sistema tendrá una gestión descentralizada, se implantará de 2007 a 2015, y su financiación recaerá en las comunidades autónomas, Administración Central y usuarios.
Un baremo determinará el tipo de prestación a la que tiene derecho cada persona -en función de su nivel de dependencia-, y habrá un catálogo nacional de prestaciones mínimas.
El catálogo incluirá servicios de ayuda a domicilio, centros de día, servicios de autonomía personal, atención residencial, ayudas técnicas y ayudas para la adaptación y accesibilidad del hogar.
Todas estas prestaciones podrán ser ampliadas por las comunidades autónomas.
La ley establece tres grados de dependencia: Grado I (moderada) cuando la persona necesita ayuda para hacer actividades básicas de la vida diaria al menos una vez al día; Grado II (severa) cuando necesita ayuda dos o tres veces al día, pero no requiere presencia permanente de un cuidador; y Grado III (gran dependencia) cuando por su total pérdida de autonomía física o mental necesita la presencia indispensable y continua de otra persona.
Además, en cada uno de esos grados se distinguirán dos niveles en función de la autonomía de las personas y de la intensidad del cuidado.
La ley pretende que las personas permanezcan en su entorno el mayor tiempo posible, con prestaciones como la ayuda a domicilio o los centros de día; aunque también habrá plazas de residencia de carácter permanente para discapacitados físicos y psíquicos.
También contempla las ayudas a los cuidadores familiares (no profesionalizados), que podrán percibir una prestación económica y tendrán que darse de alta en la Seguridad Social.
Otra posibilidad será la suscripción de un seguro privado, lo que conllevará beneficios fiscales.
Además, la ley contempla la concertación de servicios entre el sector público y las empresas privadas, aunque las Administraciones Públicas serán las encargadas de la gestión y de garantizar la calidad y el control de los recursos públicos.
Los dependientes graves, unas 200.000 personas que necesitan atención permanente, serán los primeros en beneficiarse de la nueva ley, en el 2007; en 2008 se empezará a atender a las personas con dependencia severa (grado 2 nivel 1), unas 160.000; y en el año 2009 a 213.000 dependientes del grado 2 nivel dos. A partir de ahí y de forma paulatina se atenderá al resto de afectados.
El Estado aportará más de 12.638 millones de euros desde 2007 hasta el 2015 para desplegar totalmente el Sistema de Dependencia y las Comunidades Autónomas invertirán la misma cantidad.
La financiación correrá a cargo del Estado, las comunidades autónomas, las corporaciones locales y el propio beneficiario en función de su patrimonio y renta.
No se prevé crear una red pública de centros, sino aprovechar y extender la ya existente y hacer compatible la prestación pública de servicios y la concertación con centros privados que cumplan los requisitos de calidad que se exijan.
Una vez que se apruebe la ley, cientos de miles de personas serán evaluadas, a petición propia o de oficio, en sus hogares para poder conocer su grado de dependencia y determinar qué ayuda precisan.
Dicha valoración se hará aplicando un baremo, que deberá aprobar el Gobierno con el rango de normativa básica, y que permitirá discriminar por criterios objetivos el nivel de dependencia de cada persona.
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