Las faenas agrícolas, especialmente aquellas que se desarrollan en tiempo de grandes campañas de recolección, continúan siendo un reclamo de notable importancia para las organizaciones de corte mafioso dedicadas a la explotación de ciudadanos extranjeros en España; una práctica que con frecuencia extiende sus redes hasta los propios países de origen de las víctimas de la explotación, que viajan a España bajo promesas de un futuro esperanzador y acaban prácticamente secuestrados por sus empleadores.
El método, si bien solía ser habitualmente utilizado por las mafias de la prostitución, ha arraigado en el campo sevillano, donde la Brigada de Extranjería de Sevilla acaba de intervenir contra uno de estos grupos, que se valía de engaños, amenazas, extorsión y violencia física contra un grupo de setenta rumanos a los que forzaban a trabajar en labores agrícolas previa 'gestión' de sus ingresos y la obligación del pago de cien euros mensuales por un alojamiento que no era tal, sino un mero hacinamiento, además del abono de diez autor por persona y día de trabajo. Se trataba, en suma, de ajustar los ingresos de los explotados de manera que nunca pudieran reunir recursos suficientes como para alejarse de la influencia del grupo o establecerse por su cuenta.
Dieciocho han sido en este caso las personas detenidas en relación con las actividades de esta red de explotación, cuyos cabecillas, Marlus J., de 26 años, y Petre B., de 36 años, tenían su residencia, respectivamente, en las localidades en Hinojos y Villamanrique de la Condesa. Ambos llegaban al extremo de hacerse pasar por 'representantes' de los trabajadores explotados, de manera que eran ellos quienes recibían el salario de sus pupilos de manos de los propietarios de las fincas agrícolas en las que prestaban su trabajo. A la detención de estos dos rumanos se ha sumado la de otros dieciséis compatriotas que estaban ilegalmente en España. Con todo, la investigación no se ha dado por cerrada, dado que aún falta por establecer, si la hubiera, la posible connivencia por parte de los dueños de las fincas que emplearon a las víctimas de esta organización.
La investigación policial ha permitido comprobar cómo los trabajadores permanecían hacinados en condiciones infrahumanas, hasta el extremo de encontrarse treinta y cinco de ellos en un piso de ochenta metros cuadrados. A las condiciones de vida se unían asimismo las continuas amenazas y agresiones de que eran víctimas los explotados. Para ello, los cabecillas de la red llegaban a utilizar contra los trabajadores varios sables japoneses (katanas), cinco de los cuales han sido intervenidos en la vivienda de Marlus J., junto a seis pasaportes retenidos a los explotados, varios equipos de música y un Opel Vectra. Marlus J. ha ingresado en prisión como principal responsable de la red de explotación.
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