El Consejo de Ministros aprobó ayer el Estatuto del Trabajo Autónomo, que definirá la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente, así como medidas en materia de protección social encaminadas a hacer converger el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y el Régimen General de la Seguridad Social.
Así, el texto, que afectará a más de tres millones de trabajadores, recoge no sólo una definición de trabajador autónomo, sino también la figura del económicamente dependiente (aquel que percibe más del 75% de sus ingresos desde un mismo cliente), cuestión ante la que el Gobierno aclaró que "no se pretende legalizar a los denominados "falsos autónomos", ya que el objeto fundamental de la promoción que incorpora esta ley es que el autónomo amplíe su cartera de clientes y diversifique su actividad".
El trabajador autónomo dependiente tendrá una protección específica, de forma que podrá disfrutar de hasta 15 días vacacionales al año, y de una indemnización en caso de que su contrato de trabajo sea rescindido injustificadamente, además de una cobertura por accidente de trabajo o enfermedad profesional.
En materia de protección social, el Estatuto determina las condiciones de jubilación de los trabajadores por cuenta propia, incluso, en casos de jubilación anticipada cuando así lo requiera la naturaleza tóxica, peligrosa o penosa, de sus tareas, en los mismos supuestos y condiciones que están establecidas para los trabajadores por cuenta ajena.
Asimismo, insta al Gobierno a proponer al Parlamento la regulación de un sistema específico de protección por cese de actividad, en función de sus características personales o de la naturaleza de la actividad ejercida, "siempre que estén garantizados los principios de contribuidad, solidaridad y sostenibilidad financiera, y ello responda a las necesidades y preferencias de los trabajadores autónomos".
En este sentido, el Gobierno tiene la intención de elaborar una serie de estudios y encuestas entre el colectivo para conocer sus preferencias, pues se trataría, en todo caso, de un sistema financiado por los propios autónomos, obligatorio, universal y con un tipo de cotización específico.
Además, se reconoce la posibilidad de establecer reducciones o bonificaciones en las bases de cotización o en las cuotas de la Seguridad Social a determinados colectivos, entre ellos los hijos de trabajadores autónomos menores de 30 años que comiencen a trabajar en el negocio familiar, y aquellos autónomos que se dediquen a la venta ambulante o a domicilio.
Otras de las medidas incluidas en el Estatuto son un catálogo de derechos y deberes del autónomo, reglas de prevención de riesgos laborales, la posibilidad de celebrar acuerdos de interés profesional entre asociados autónomos o sindicatos y empresas, la creación de un Consejo Estatal del Trabajo Autónomo y medidas de fomento del empleo.
Por otra parte, en los supuestos en los que los autónomos dependientes se vean envueltos en litigios, la norma opta por procedimientos no jurisdiccionales de solución de conflictos (mediación y arbitraje), asignándose la competencia a la jurisdicción de lo social.
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, indicó en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Estatuto reducirá además la tasa de temporalidad en el seno de este colectivo y aportará garantías económicas a los autónomos subcontratados por las empresas.
No obstante, De la Vega destacó que el texto aprobado permitirá conciliar la vida laboral y familiar a los trabajadores autónomos, lo que, a su juicio, cobra más importancia dada la alta tasa de afiliación de las mujeres al RETA.
En este sentido, la vicepresidenta aseguró que el Estatuto ha recibido una valoración "muy positiva" por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo Económico y Social (CES), y lo reconoció como una "tarea prioritaria" del Gobierno y "una reivindicación ampliamente demandada por los autónomos".
Según De la Vega, el texto, de "enorme trascendencia", aportará una "legislación laboral más precisa y concreta" y "pondrá punto final a algunas discriminaciones que negaban muchos derechos".
El Estatuto del Trabajo Autónomo, cuya entrada en vigor está prevista para la primavera de 2007, ha recibido el apoyo de la organizaciones de autónomos ATA y UPTA, que han negociado el texto, así como de Asnepa, que, no obstante, ha reclamado "mejoras sustanciosas" en la ley cuando ésta se tramite en las Cortes.
Por su parte, la CEAT, organización perteneciente a la CEOE, se ha mostrado en desacuerdo con el borrador final, al considerarlo contratrio a sus planteamientos.
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