CC.OO. ha acusado al Gobierno de haber "irrumpido" en las elecciones sindicales, cuyo grueso se concentra en el último trimestre del año, al haber autorizado en el último Consejo de Ministros el cobro del patrimonio histórico a la UGT y la CNT.
El sindicato denunció en un comunicado que el Gobierno acordó el pasado viernes "resolver las solicitudes de reintegración y compensación de bienes y derechos presentados por la UGT y la CNT al amparo de lo establecido en la ley de cesión de bienes del patrimonio sindical.
La organización dirigida por José María Fidalgo criticó que el Ejecutivo haya adoptado esta medida sin convocar previamente a la Comisión Consultiva de Patrimonio Sindical, como había anunciado el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, en el Congreso de los Diputados.
CC.OO. lamentó que el Gobierno haya tomado esta decisión con "total opacidad", pese a la transparencia que en la acción de gobierno "se predica con evidente cinismo". En este sentido, anunció que iniciará las actuaciones legales oportunas ante una iniciativa que considera "ilícita" y que atenta "arbitraria y gravemente" contra el derecho de libertad sindical.
Asimismo, el sindicato consideró "difícilmente justificable" que un acuerdo de esta naturaleza, como es el cobro del patrimonio histórico, se haga efectivo en Consejo de Ministros, cuando está pendiente de resolución un recurso admitido a trámite por el Tribunal Constitucional por este asunto.
Igualmente, CC.OO. calificó de "censurable" que el Gobierno no dé cuenta a la opinión pública y al conjunto de las organizaciones sindicales del contenido detallado de una decisión que comporta "miles de millones de las antiguas pesetas".
Por ello, y tras recordar que los recursos económicos utilizados pertenecen al erario público, CC.OO. exigió que se precisen qué bienes y derechos se reintegran y compensan a UGT y CNT, al tiempo que solicitó a los grupos parlamentarios que planteen esta misma exigencia en el Congreso.
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