24 de noviembre de 2024
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El Congreso aprueba el Estatuto de los emigrantes españoles y permite la nacionalidad española a sus nietos

El Congreso aprueba el Estatuto de los emigrantes españoles y permite la nacionalidad española a sus nietos

El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy por unanimidad y de forma definitiva el proyecto de Ley del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, un texto normativo que reconoce los derechos y obligaciones legales de este colectivo (cerca de un millón y medio de personas) en materias sanitarias y sociales, así como mejoras en el ejercicio del voto y el reconocimiento de la nacionalidad a sus nietos.

De este modo, y tras su paso por ambas cámaras, el texto promoverá el acceso a la nacionalidad de los descendientes de los españoles, incluyendo la posibilidad de que puedan adquirirla todos aquellos nietos cuyos padres hayan sido españoles de origen, con independencia de su lugar y fecha de nacimiento.

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, anunció en el Congreso que muchos de los derechos aprobados hoy serán directamente aplicables, mientras que el Código Civil si que necesitará una reforma en relación al tema de la nacionalidad. Para ello, Caldera destacó que espera acordarlo lo antes posible con el responsable de Justicia para acelerar su aplicación a un plazo anterior a los seis meses previstos en la Ley.

Al mismo tiempo, el texto incluye otras medidas con el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales a los emigrantes españoles que residen en el exterior en igualdad de condiciones con los que residen en España.

Para ello, entre los derechos que incluye este estatuto destaca el compromiso del Estado de asegurar la permanente actualización del censo electoral para que se pueda ejercer el voto en urna en aquellos lugares donde sea posible, para así garantizar una mejor "transparencia y efectividad en el voto como si estuvieran en España", según añadió la diputada socialista Pilar López.

En relación con los derechos y las prestaciones sociales, el texto recoge la protección "en igualdad de condiciones" de los ciudadanos que carezcan de recursos suficientes, así como también de las personas dependientes, mayores, jóvenes o mujeres con especiales dificultades de integración social y laboral. También se incluyen a los españoles que tuvieron que exiliarse en la Guerra Civil durante su minoría de edad.

Además, incorpora nuevos derechos laborales de modo que el Sistema Nacional de Empleo permitirá el acceso a la información necesaria a los españoles demandantes de empleo en el exterior y a los retornados, para la búsqueda de empleo y la mejora de sus posibilidades de ocupación.

Por lo que se refiere a la educación y la cultura, podrán tener a su alcance centros, clases o medios de apoyo para la educación en español, para la enseñanza o mantenimiento de las lenguas españolas, así como la simplificación y agilización de procedimientos para la convalidación de estudios y titulaciones.

En otro sentido, también se establece la creación de la Oficina Española de Retorno para proporcionar las mayores facilidades a los ciudadanos que quieran retornar a España, en el seno de una política integral que tiene en cuenta las competencias de las comunidades autónomas.

"SOLIDARIDAD" CON LOS MÁS NECESITADOS.

Por su parte, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, mostró su satisfacción por la aprobación de la Ley que muestra la "solidaridad" con los más necesitados y hace justicia con aquellos que en algún momento y por diferentes motivos tuvieron que salir de España.

Asimismo, destacó que con la aprobación de la Ley los emigrantes españoles tendrán reconocidos "derechos fundamentales" en relación a sus prestaciones sanitarias y sociales", así como también tendrán el mismo tratamiento que los ciudadanos españoles al "favorecerse su voto presencial".

A este respecto, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, recordó que con esta ley se cierran "muchas heridas", si bien la consideró una "iniciativa tardía" para los españoles que "tuvieron que emigrar en la dictadura franquista". En lo que respecta a los partidos nacionalistas, también apoyaron la Ley, aunque coincidieron en criticar que el nuevo estatuto "no reconoce a España como un Estado plurinacional y plurilingüístico".

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