Un juzgado de lo penal de Palma condenó ayer a un empresario de la construcción a una pena de medio año de prisión, así como a una multa de seis meses a razón de cuatro euros diarios por un delito contra los derechos de los trabajadores, ya que a principios de 2003 tuvo a un empleado en situación irregular en una de sus obras.
El acusado se declaró responsable de los hechos y aceptó la pena que solicitó la fiscal. Según apuntaron fuentes cercanas al caso, los hechos se remontan a los meses de febrero y marzo de 2003 cuando un oficial de primera trabajaba en diversas obras sin contar con el correspondiente contrato laboral. La víctima, un inmigrante, se hallaba en situación irregular en España.
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