La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) perseguirá las agresiones a profesionales sanitarios como "atentado a funcionario público". El sindicato de Enfermería Satse, presentó el pasado 17 de noviembre una solicitud para que este órgano tipificara las agresiones al personal saniatrio "siguiendo lo establecido en el artículo 550 del Código Penal".
El fiscal jefe, Ricard Cabedo Nebot, ha emitido un decreto en el que insta al resto de fiscales de a castigar como delito de atentado las agresiones y amenazas contra "funcionario público" al profesional sanitario al servicio de la Seguridad Social-Conselleria de Sanidad".
De esta forma, el decreto recoge la solicitud que este sindicato presentó, el pasado 17 de noviembre, a la Fiscalía que "las agresiones a personal sanitario sean tipificadas como atentado a funcionario, siguiendo lo establecido en el artículo 550 del Código Penal".
En este sentido, el sindicato señaló que pretende, por un lado, "que los profesionales sanitarios cuenten con mayor protección jurídica" y, por otro, que "el incremento de las penas sirva como medida disuasoria para que pacientes y acompañantes se lo piensen dos veces antes de agredir o insultar a un profesional de enfermería o a un médico".
Así, apuntó que "hasta ahora, las agresiones a profesionales sanitarios se castigaban como falta –multa– o delito de lesión –de dos a cinco años de prisión y multa–. Sin embargo, indicó que, ahora, "con el nuevo decreto a estas penas se le sumaría un delito de atentado contra funcionario público –de dos a cuatro años de prisión–, con lo que el agresor podría ser condenado a un máximo de 9 años de cárcel, más una multa".
Valoración sindical
El sindicato de Enfermería valoró "muy positivamente la decisión de la Fiscalía de endurecer las penas a quienes agredan física o verbalmente a los profesionales sanitarios en el ejercicio de sus funciones" e instó "a las enfermeras a que denuncien cualquier acto violento o amenaza hacia su persona".
Por otra parte, Satse considera que "sería recomendable que la administración sanitaria se implicara en este problema" con la adopción, entre otras, de "medidas preventivas para reducir y suprimir los riesgos de violencia laboral; prestando apoyo psicológico inmediatamente después de los hechos y en caso de estrés postraumático".
En cuanto a esta "implicación" que reclaman, también se refirió a la formación del "personal en las medidas para tratar con pacientes violentos" y a la realización de "campañas sobre la aplicación de la ´tolerancia cero´, en las que se deje claro que no se tolerará ningún acto de violencia contra el personal y que se tomarán medidas contra los autores".
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