La Federación de Servicios (FES) de UGT en Extremadura solicitará al Gobierno la derogación del real decreto que regula la relación laboral especial del servicio del hogar familiar "por contener elementos contradictorios con la Constitución Española y dar carta de legitimidad a las injusticias sociales".
FES-UGT pedirá la derogación del decreto de acuerdo con las conclusiones de las Jornadas sobre Empleo de Hogar y Precariedad Laboral que, organizadas por el sindicato, comenzaron el pasado 14 de noviembre y fueron clausuradas este sábado en Mérida.
Según palabras del secretario regional de Acción Sindical de FES en Extremadura, Rafael Cañete, la precariedad en el empleo doméstico "no sólo está consentida, sino que está regulada y articulada" en el Real Decreto 1424/85, que recorta derechos individuales y colectivos recogidos en la Ley de Estatuto de los Trabajadores y deja "puertas abiertas" a la informalidad y ausencia de cotización.
Ante los medios explicó que las "irregularidades" en el sector tienen su origen en las propias características del Régimen Especial de Empleadas de Hogar, que el sindicato resume en una menor acción protectora, una ausencia de prestación por desempleo, una base única de cotización, la carencia de 29 días para acceder a la prestación por capacidad transitoria y la exclusión del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).
A estas situaciones, a su juicio, hay que añadir la ampliación de la protección social no contributiva.
Cabe destacar que la ausencia de cotización se da, sobre todo, en las trabajadoras autóctonas, ya que las inmigrantes, ante la necesidad de afiliación en la Seguridad Social para mantener el permiso de residencia y de trabajo, suelen estar contratadas de manera formal, apuntó Cañete.
Para FES-UGT, el reconocimiento legal del empleo de hogar como prestación laboral se ha promovido a cambio de una menor protección de derechos básicos recogidos en el Estatuto de los Trabajadores y de la incentivación de la clandestinidad, especialmente, en las trabajadoras autóctonas, a las que en muchos casos no les compensa una contratación legal, por la posibilidad de acceder a prestaciones sociales.
A ello contribuye la inexistencia de la Inspección de Trabajo en el sector, amparada en la inviolabilidad del hogar familiar, de tal forma que la actuación de los inspectores sólo sería posible con un mandato judicial.
Sin embargo, para el sindicato, el hecho de que el empleador no es una empresa y que el lugar de trabajo es un hogar particular, no puede justificar la ausencia total de control por la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social ni la imposición de condiciones abusivas.
Las irregularidades están aceptadas socialmente
Por otro lado, según apuntó Cañete, también influye en la precariedad laboral el hecho de que las irregularidades están aceptadas socialmente, así como la no obligatoriedad de realizar el contrato de trabajo por escrito ni documento acreditativo del pago de salarios para estas trabajadoras que, además, están excluidas de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Actualmente, según el sindicato, el empleo doméstico supone alrededor del 10 por ciento del total del empleo femenino, con una alta representación de trabajadoras mayores, gran presencia de inmigrantes y una "altísima" tasa de situaciones de no cotización.
Asimismo, además de la derogación del real decreto, FES-UGT propone la creación de asociaciones de empleadoras con capacidad jurídica para establecer cauces de negociación dirigidos a promover un convenio colectivo del sector.
En este sentido, Rafael Cañete defendió la actuación de las organizaciones sindicales, ya que la situación de las empleadas del hogar "es un problema laboral".
Según sus palabras, el carácter marginal de esta relación laboral ha posibilitado la creación de asociaciones, que actúan, en muchos casos, como agencias de colocación y detrás de las cuales hay "con demasiada frecuencia" ONG de carácter religioso que "merced a sus actuaciones se financia con dinero público ejerciendo la apreciable virtud de la caridad".
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