El fiscal especializado en delitos laborales, David Canoa, ha incoado las primeras diligencias por delitos de riesgo para la seguridad de los trabajadores.
Estos delitos raramente se perseguían hasta ahora debido a la dificultad de descubrirlos. No son tan obvios como los que tienen resultado de accidente de muerte o lesiones, «de los que se producen mucho», afirma Canoa.
La nueva política consiste en tener tolerancia cero en los centros laborales donde hay riesgo de accidente antes de que se produzcan. La ley quiere prevenir antes que lamentar más muertes. Una jurista especialista en Penal advertía recientemente que los malos tratos, los accidentes de coche y las muertes en el trabajo eran los tres retos a combatir. Actualmente, ya existen juzgados especializados en violencia doméstica y en algunas ciudades opera un fiscal que se dedica a perseguir las infracciones de tráfico. Este tipo de infracciones motivan centenares de juicios en los juzgados de Vigo que atienden los titulares de Instrucción.
Para detectar los delitos de riesgo, la inspección de Trabajo y la Fiscalía deben obtener pruebas de la posibilidad de que se produjese un accidente. «Los propios trabajadores no lo denuncian por lo que el peligro continúa e incluso intentan tapar al empresario», afirma David Canoa.
Actuación de oficio
El Ministerio Público actuó de oficio tras recibir una acta de la inspección de trabajo en la que demostraba tener indicios de que una empresa incumplía la seguridad y ponía la salud de sus trabajadores en peligro. El asunto ya ha sido presentado en el juzgado, quien deberá decidir si archiva la causa o procesa al empresario que ignoró las recomendaciones de Trabajo.
La inspección había avisado al empleador para que tomase medidas para mejorar la seguridad pero éste hizo caso omiso.
Este fiscal especializado estudió otra denuncia presentada por un sindicato pero fue archivada. La razón que da Canoa es que se trata de una queja «muy amplia y sectorial que no aporta pruebas contra una persona física concreta».
Tolerancia cero
El fiscal especializado en accidentes laborales de Vigo mantiene reuniones periódicas con la Xunta y la Inspección de Trabajo para coordinar sus actuaciones. A diferencia de hace unos meses, los inspectores entregan sus partes y denuncias al fiscal y éste decide inmediatamente si toma medidas por la vía judicial.
La estrategia consiste en apretar las tuercas a los empresarios y ejercer la tolerancia cero. El objetivo es salvar vidas o evitar que los trabajadores acaben postrados en sillas de ruedas con una baja definitiva. Y la mejor manera de atajar el problema es ir a la raíz y vigilar que se tomen medidas para prevenir los siniestros laborables incluso a costa de castigar al infractor.
Además, el fiscal seguirá de cerca los accidentes ordinarios. Sólo en el mes de octubre -último dato registrado- la consellería de Traballo contabilizó 724 víctimas en su puesto de trabajo. De éstas, 703 fueron leves, 19 graves y dos muertos. De éstos, 105 fueron accidentes mientras el trabajador acudía a su puesto de empleo.
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