Tenía cuatro trabajadores sin permiso de residencia
Les pagaba entre 400 y 500 euros al mes y les descontaba 90 diarios cuando no iban
Un empresario de la construcción de Lugo, J. L. M. P., de 36 años; su encargado, E. I. F. I., de 48; tres trabajadores uruguayos y uno brasileño fueron detenidos el pasado martes dentro de la denominada operación Ladrillo. Fue puesta en marcha por la comisaría de policía lucense por la supuesta existencia de amenazas y situación de explotación en la que el primero mantenía a los extranjeros, que están residiendo ilegalmente.
Las detenciones se produjeron en el edificio que estaban construyendo, en la calle Aceroleiro. Tras prestar declaración en la comisaría, los obreros fueron puestos en libertad sin cargos y el encargado quedó en libertad con cargos. Ayer, según algunas fuentes, el juez dejó en libertad con cargos al empresario.
De acuerdo con la información facilitada por el jefe de la Brigada Provincial de Extranjería, Evaristo Rodríguez, la policía tenía conocimiento de que en alguna obra había trabajadores extranjeros sin ningún tipo de cobertura legal, de seguridad o sanitaria. La espoleta que desencadenó las detenciones fue un pequeño accidente laboral sufrido por un obrero uruguayo que trabajaba en un edificio de la calle Aceroleiro. Tras ser atendido por el médico, el propio empleado se puso en contacto con los sindicatos y con la Inspección de Trabajo, que a su vez informó a la policía, con la que colabora habitualmente.
Al acudir a la obra, la policía identificó a los tres trabajadores extranjeros, todos en situación irregular en España. Posteriormente, a raíz de las declaraciones efectuadas por los inmigrantes en la comisaría y por el encargado, fue detenido el empresario, que en aquel momento no se hallaba en la obra. Ayer por la mañana pasó a disposición del Juzgado de Instrucción número 6, y por la tarde fue puesto en libertad con cargos, acusado de un delito de explotación de trabajadores extranjeros.
A los inmigrantes les fueron abiertos expedientes de expulsión. Habían entrado con pasaporte, pero carecían de permiso de residencia y para trabajar. Alguno llevaba aquí cuatro años y hay padres de familia.
El empresario es titular de otras dos firmas dedicadas a la construcción, aunque la policía no tiene conocimiento de que estén activas. Según la versión policial, J.?L.?M.?P. sometía a los trabajadores a amenazas para que no hablasen cuando había sospecha de alguna inspección, o les decía que no tuviesen miedo, que estaba todo controlado y que no iban a tener ningún tipo de problema para permanecer en España. Los salarios que les pagaba estaban muy por debajo de lo estipulado en el convenio, oscilando entre 400 y 500 euros, de los que les podía quitar hasta 90 por cada día que faltaban al trabajo, o los expulsaba varios días.
De acuerdo con el jefe de la brigada que hizo las detenciones, la operación Ladrillo no está cerrada porque disponen de más datos para investigar. Pero lo referente a esta firma sí está cerrado y el atestado ya fue enviado al juzgado.
Antecedentes y otros casos
El empresario, que se dedicaba a subcontratar obras y también construyó edificios en Becerreá y en Sarria, ya tiene antecedentes por actuaciones similares, de coacciones y explotación de trabajadores. Según informó la policía, en los últimos años fueron descubiertos casos de trabajadores ilegales en otras empresas de la construcción y en sectores como los de la minería o la pesca.
Hace pocos días también fueron detenidas tres personas vinculadas a una empresa de ferralla de A Coruña, que tenía 20 inmigrantes ilegales.
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