La ley de Dependencia, la "más importante de la legislatura" para el Gobierno, ha comenzado hoy su andadura. Con 13.000 millones de euros de inversión, creará más de 300.000 empleos y transitará por España hasta 2015 para atender a 1.125.000 personas que necesitan de otras para moverse por la vida.
La ley de Dependencia configurará una sistema público de atención a las personas sin autonomía personal, entre ellos más de un millón de mayores o discapacitados, de las cuales casi 600.000 serán atendidas entre 2007 y 2009. Este año, el nuevo sistema asistirá a 200.000 ciudadanos en situación de dependencia grave y en los dos siguientes, a 373.000 dependientes severos.
El sistema tendrá una gestión descentralizada, se implantará de 2007 a 2015, y su financiación recaerá en las comunidades autónomas, Administración Central y usuarios.
Un baremo determinará el tipo de prestación a la que tiene derecho cada persona -en función de su nivel de dependencia-, y habrá un catálogo nacional de prestaciones mínimas. Incluirá servicios de ayuda a domicilio, centros de día, servicios de autonomía personal, atención residencial, ayudas técnicas y para la adaptación y accesibilidad del hogar.
Tres grados de dependencia
La ley establece tres grados de dependencia: Grado I (moderada) cuando la persona necesita ayuda para hacer actividades básicas de la vida diaria al menos una vez al día; Grado II (severa) cuando necesita ayuda dos o tres veces al día, pero no requiere presencia permanente de un cuidador; y Grado III (gran dependencia) cuando por su total pérdida de autonomía física o mental necesita la presencia indispensable y continua de otra persona.
La ley pretende que las personas permanezcan en su entorno el mayor tiempo posible, con prestaciones como la ayuda a domicilio o los centros de día; aunque también habrá plazas de residencia de carácter permanente para discapacitados físicos y psíquicos. También contempla las ayudas a los cuidadores familiares, que podrán percibir una prestación económica y tendrán que darse de alta en la Seguridad Social. Otra posibilidad será la suscripción de un seguro privado, lo que conllevará beneficios fiscales.
Además, la ley contempla la concertación de servicios entre el sector público y las empresas privadas, aunque las Administraciones Públicas serán las encargadas de la gestión y de garantizar la calidad y el control de los recursos públicos.
Los dependientes graves, unas 200.000 personas que necesitan atención permanente, serán los primeros en beneficiarse de la nueva ley, en el 2007; en 2008 se empezará a atender a las personas con dependencia severa (grado 2 nivel 1), unas 160.000; y en el año 2009 a 213.000 dependientes del grado 2 nivel dos. A partir de ahí y de forma paulatina se atenderá al resto de afectados.
El Estado aportará más de 12.638 millones de euros desde 2007 hasta el 2015 para desplegar totalmente el Sistema de Dependencia y las Comunidades Autónomas invertirán la misma cantidad.
La financiación correrá a cargo del Estado, las comunidades autónomas, las corporaciones locales y el propio beneficiario en función de su patrimonio y renta.
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/01/01/espana/1167640679.html
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