El Ministerio Fiscal solicita un total de 3 años de prisión y 4.320 euros de multa para cada uno de los tres acusados de un delito contra el derecho de los trabajadores, por tener trabajando sin contrato y en situación irregular a cinco inmigrantes en una obra en la localidad de Villoslada de Cameros.
El Juzgado de lo Penal número 2 de Logroño verá este caso el próximo martes. Los hechos se remontan al año 2004, como consecuencia de la vigilancia llevada a cabo por el Grupo Operativo de Extranjería, que constató que, en una obra de la calle Eraño de Villoslada, se estaban construyendo 21 viviendas y garajes.
En concreto, la promotora de los trabajos era 'Abastecimientos y Contrataciones en general', firma de baja en la Seguridad Social por carecer de trabajadores desde marzo de 2004.
Además, figuraba la empresa 'Construcciones San Damasco' como constructora, y subcontratada la firma 'Abastecimientos, Contratas y Cubiertas', también en situación de baja por no tener trabajadores desde diciembre de 2003, y 'Construcciones y Contratas San Lázaro'. Todas estas empresas contaban con el mismo domicilio fiscal en Logroño y tenían el mismo personal administrativo.
Con ocasión de una inspección a la obra que llevó a cabo la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de La Rioja, y el Grupo Operativo de Extranjería, el día 24 de junio de 2004, se constató que en ella se encontraban trabajando cinco personas, cuatro de nacionalidad boliviana y otro de colombiana.
Todos ellos, detalla el escrito de la acusación, "carecían de documentación, en situación irregular, sin permiso de trabajo y residencia, sin haber realizado contrato y sin haberles dado de alta en la Seguridad Social". Incluso había un encargado de obra, también sin contrato ni alta, "y que falleció en agosto de 2004".
Para el fiscal, todos estos hechos suponen un delito contra los derechos de los trabajadores, de los que son responsables en concepto de autores los acusados -F.C.F., titular y administrador de 'Abastecimientos, Contratas y Cubiertas'; L.A.O.R., apoderado de 'Construcciones San Damasco' y 'Construcciones San Lázaro'; y J.P.P., titular y administrador de estas dos últimas empresas-.
Por ello, la acusación reclama para cada uno de ellos tres años de prisión, y multa de 12 meses con una cuota diaria de 12 euros, lo que supone un total de 4.320 euros cada uno.
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