La Policía Nacional detuvo en Grado a una ovetense de 41 años gerente de una agencia de colocación que se dedicaba a la captación de extranjeros ilegales para el cuidado a domicilio de personas mayores y enfermas, informó ayer este Cuerpo una vez finalizada la investigación.
La arrestada llegó a reclutar a 327 extranjeros, la mayoría de ellos en situación irregular, y su nivel de ingresos en los dos años en que se dedicó a esta actividad se cifra en 129.426 euros.
La Policía Nacional inició en Oviedo en junio del año pasado la investigación coordinada desde la Comisaría General de Extranjería y Documentación de Madrid y cuyo origen partió de una denuncia formulada en la Brigada de Extranjería de A Coruña.
En la misma una rumana reveló que a través de la empresa situada en Grado había acordado el desempeño de una actividad laboral en calidad de empleada de hogar en un domicilio de Sada (A Coruña).
Dicha empresa figura inscrita en la Cámara de Comercio de Oviedo como dedicada a consultora de recursos humanos especializada en servicios asistenciales y se dedicaba a facilitar trabajo a extranjeros, mayoritariamente de Rumanía, Paraguay, Ecuador y Brasil, que carecían de permiso de trabajo en España, y su titular era la citada mujer, con domicilio en Grado.
Para sus fines se anunciaba en un portal de internet especializado en gerontología y geriatría como empresa de cuidado y atención especializada a mayores de Asturias y ofrecía asistencia domiciliaria y cuidados de larga duración y de enfermería.
En ocasiones los inmigrantes que se encuentran en situación irregular, como en este caso, contactan con agencias de colocación que tienen por objeto reclutarles para posteriormente derivarles a terceros empleadores, todo esto bajo condiciones gravosas que vulneran sus derechos laborales.
En la mayoría de las veces tanto la empresa como los futuros empleadores son conocedores de la situación de irregularidad administrativa en la que se encuentra el trabajador.
Se trata de un reclutamiento y tráfico de mano de obra con contrataciones al margen de las exigencias legales mínimas y con imposición de condiciones laborales ilegales al prevalerse de una situación de necesidad.
La gerente fue detenida por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración ilegal.
Una vez analizada la documentación la Policía constató la existencia de un fichero compuesto por 508 tarjetas de trabajadores, de las que 327 corresponden a extranjeros.
La Policía averiguó que la empresa realizó funciones de intermediación para la contratación de 184 extranjeros en las fechas en las que estuvo de alta en la Seguridad Social, entre junio de 2004 y junio de 2006, de los que 144 carecían de permiso de trabajo en España.
La detenida fue puesta a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Grado que decretó la libertad con cargos de la mujer.
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