Las arrestadas falseaban certificados de antecedentes judiciales de los extranjeros por 600 euros
La Policía ha detenido esta semana en Oviedo a cinco mujeres que pertenecían a una red que se dedicaba a falsificar certificados de antecedentes judiciales de ciudadanos de Nigeria, uno de los documentos imprescindibles para conseguir un permiso de residencia en España.
Según informaron fuentes de la Policía Nacional, de las cinco detenidas, tres son ciudadanas de Nigeria y otras dos de Brasil y a todas ellas les fue imputado un delito de falsificación de documento público u oficial.
Esta detención, señaló la Policía, «se enmarca dentro de la línea de actuación que desde hace más de dos años ha sido puesta en marcha por la Jefatura Superior de Policía para erradicar las redes internacionales de explotación que favorezcan la inmigración ilegal y que quieran establecerse de forma permanente en la región».
Este cuerpo de seguridad reseñó que, al igual que ha sucedido con las últimas detenciones practicadas en el Principado, el punto de partida de la operación fueron las anomalías detectadas en la Oficina Única de Extranjeros de la Delegación del Gobierno de Asturias, que puso los hechos en conocimiento del Grupo Operativo de Extranjeros de la Policía, encargado de las investigaciones.
La Policía señaló que este Grupo detectó que varios ciudadanos nigerianos que querían conseguir un permiso de residencia y de trabajo en España estaban presentando un Certificado de Antecedentes Judiciales supuestamente expedido por la República de Nigeria y validado más tarde por las autoridades diplomáticas españolas. Los agentes lograron confirmar las sospechas iniciales y comprobar que eran falsos.
Según la Policía, los ciudadanos nigerianos que habían conseguido llegar a España gracias a la falsificación de este documento lo lograron tras pagar a la organización criminal más de seiscientos euros para que les proporcionaran los certificados que con posterioridad serían adjuntados a su expediente de solicitud.
Ocho mafias desmontadas
El último movimiento de la operación tuvo lugar tras la verificación por parte del Servicio de Documentoscopia de la Brigada Provincial de la Policía científica de la falsedad de los certificados: fue cuando el Grupo Operativo I de Extranjería y Documentación puso en marcha un operativo que concluyó esta semana con la detención en Oviedo de estas cinco mujeres pertenecientes a la red criminal. Con estas detenciones ya son ocho los golpes asestados al tráfico de trabajadores extranjeros en el Principado en el último año después de que, el pasado día 9 de febrero, fuese arrestada una ovetense de 41 años que actuaba desde un piso de Grado como intermediaria en la contratación, por familias de Asturias y otras zonas del Norte, de inmigrantes, en su mayoría «sin papeles», para que trabajasen, en situación irregular, como empleados del hogar y en la asistencia a enfermos y ancianos.
De acuerdo con los datos divulgados por la Policía, la detenida actuaba como gerente de una empresa que, con sede en Grado, figuraba inscrita oficialmente como «consultora de recursos humanos especializada en servicios asistenciales». Según las averiguaciones de este cuerpo, la detenida medió en la contratación ilegal de al menos 144 personas.
La patronal FADE y UGT y CC OO han instado a que se intensifique la lucha contra el tráfico de trabajadores extranjeros. Exigen a la Inspección de Trabajo y a la Delegación del Gobierno que se investigue su situación. Sus contratos, aseguran los sindicatos, en teoría, son legales, en las mismas condiciones que cualquier trabajador español. Pero la realidad es bien distinta: no trabajan ocho horas, sino 12 o 14, y sin horas extraordinarias, y con eso y con todo sólo algunos llegan al mínimo interprofesional.
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