El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, explicó hoy en el Congreso de los Diputados que el anteproyecto Ley sobre contratos públicos ha sido mayormente apoyado por los sindicatos más representativos y expertos que por la patronal CEOE-CEPYME.
En su intervención en la Comisión de Administraciones Públicas de la Cámara Baja, Peña afirmó que los sindicatos más representativos así como los expertos hicieron, a la hora de elaborar un dictamen, "una valoración positiva del proyecto" ya que, a su juicio, "refuerza la producción de efectos sociales, de empleo y medioambientales en la regulación de la contratación pública".
Sin embargo, CEOE-CEPYME defendió que "no era necesario modificar la ley en su totalidad y que cabía una reforma parcial manteniendo el texto del año 2000". La patronal también criticó "problemas de fondo cuyo calado era de tal magnitud que afectaba a la indeterminación jurídica del bien protegido".
Así, recordó, dieron lugar "a su voto particular y contrario al anteproyecto". En este contexto, salió a la luz el dictamen del CES en relación con esta reforma, según relató Peña, quien destacó "un amplio acuerdo" en el dictamen a pesar de que no existió unanimidad".
En particular, el presidente del CES destacó la "valoración favorable" de aspectos como la "ampliación de ámbito subjetivo de ampliación de la ley, los nuevos sistemas de adjudicación, la inclusión de cláusulas de tipo social o medioambiental y la creación de un registro de contratos del sector público como sistema central de información".
AGRADECE SUS OBSERVACIONES EN LA LEY
Asimismo, mostró su satisfacción por ver recogidas en el proyecto algunas de sus observaciones del CES como la realizada en relación con la regulación armonizada, ya que consideró "necesario y oportuno reducir los umbrales económicos previstos para justificar la diferenciación".
También agradeció y vio "positivo" que la Ley haya recogido sus observaciones relacionadas "con la revisión de precios, de manera que el plazo se compute desde la adjudicación del contrato y no desde la formalización del mismo".
Respecto a los contratos de colaboración entre el sector público y el privado, opinó que "la indeterminación del nuevo tipo contractual añade confusión y da lugar a dudas interpretativas", pero subrayó que es "positivo el recurso especial en materia de contratación, aunque estima que no debería estar exclusivamente restringido a los contratos sujetos a regulación armonizada". Finalmente, en relación con las prohibiciones de contratos, consideró "necesario regular de forma más precisa sus efectos y graduar su duración en función de la tipificación de causas y circunstancias concurrentes". Como conclusión, aseguró que la opinión mayoritaria del CES sobre este anteproyecto "es globalmente positiva".
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