La Fiscalía Especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción solicita un total de 30 años de cárcel para los imputados en el escándalo del Instituto Municipal para el Empleo y la Formación Empresarial (IMEFE), por el cual el Ayuntamiento y la Unión Europea pagaron en el periodo 1994-1999 por la realización de cursos para desempleados que nunca se impartieron.
Según el escrito de la fiscal Pilar Melero Tejerina, al que tuvo acceso Europa Press, la Fiscalía considera probados delitos continuados de prevaricación y cohecho por parte de los dos principales acusados, así como un delito continuado de falsedad y estafa por parte de los responsables de las empresas que recibieron las ayudas.
Los principales imputados son el entonces director gerente del IMEFE, Ricardo Peydró Blázquez, y el director del Servicio de Formación Ocupacional, José Luis Solana Azcárate, quienes, según la fiscal, adjudicaron a diferentes sociedades cursos de formación para desempleados subvencionados en un 45% por el Fondo Social Europeo y el resto, hasta el 100%, por el Ayuntamiento de Madrid a cambio de recibir dinero o regalos.
Según el escrito, Solana recibió, aproximadamente, el 3% del importe total de cada curso que el Imefe abonaba a la sociedades adjudicatarias cuyos responsables han sido acusados, que asciende a 272.134,25 euros, dinero que compartía con Peydró, quien a sabiendas de su injusticia firmaba "los arbitrarios Decretos de adjudicación y recibía presentes de valor importante, generalmente en la fecha de su cumpleaños".
Para evitar ser descubiertos, daban a las empresas información sobre los programas formativos, a fin de garantizarles de antemano una mayor puntuación conforme a lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas.
Además, los dos principales acusados "jamás comprobaban las ofertas de las empresas sobre el terreno, tampoco inspeccionaron la impartición de los cursos desde el año 96 al año 99 ambos incluidos, ni examinaban los expedientes al comienzo de los cursos ni al finalizar la formación a los efectos de valorar la concurrencia de las cláusulas de resolución del contrato o de minoración de su precio incluidas en los pliegos o de comprobar la inserción laboral de los desempleados". Solicita por ello 9 años a cada uno.
Esta situación dio lugar a que empresas con nula o escasísima experiencia en el sector de la enseñanza, y sin medios materiales o humanos pudieran resultar, previo pago, adjudicatarias año en año de cursos cuya "deficiente impartición y falta de interés para el mercado laboral de la época resulta acreditado". Para los seis responsables de estas empresas, la Fiscal considera penas de entre uno y dos años de prisión, así como inhabilitación para cargo público de 2 y 3 años.
Para aparentar la ejecución de los cursos, Fernando Cisneros y José María Ariza, imitaban la firma de profesores y alumnos en la documentación que remitían al Imefe suponiendo, de esta forma, su intervención en cursos que no se habían impartido.
Ariza y Cisneros confesaron el pago de las dádivas y la no ejecución de los cursos en sus declaraciones e ingresaron en la cuenta del Juzgado la cantidad de 174.000 euros en garantía de responsabilidades civiles.
Para Peydró y Azcárate, la Fiscal reclama además una inhabilitación especial para empleo y cargo público de nueve años.
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