Los sindicatos personados como acusación particular en la causa contra siete imputados por la muerte en accidente laboral de diez trabajadores en enero de 2005 en Burgos están dispuestos a aceptar una "sentencia de conformidad" que supondría importantes indemnizaciones y el no ingreso en prisión de los imputados.
Fuentes sindicales confirmaron a Efe que el acuerdo entre la empresa constructora Arranz Acinas y las familias está prácticamente cerrado, solo a falta de unos "flecos" con una de las familias afectadas.
Las familias obtendrían "indemnizaciones económicas satisfactorias" y a cambio se retirarían como acusación particular en la causa seguida por unos hechos ocurridos en enero de 2005.
Fuentes sindicales indicaron que están dispuestos también a retirarse de la acusación particular y aceptar una sentencia de conformidad, al existir acuerdo entre la empresa y las familias de las víctimas.
Estas mismas fuentes precisaron que serían suficientes las indemnizaciones pactadas y penas de prisión para algunos de los siete imputados que serían inferiores a los dos años, lo que supondría que no ingresarían en la cárcel.
El fiscal jefe de Burgos, Manuel Martín Granizo, en una jornadas sobre prevención de riesgos laborales, se mostró hoy partidario de un acuerdo entre las partes y evitar la celebración del juicio.
Indicó que "llegar a juicio y discutir el alcance de la responsabilidad podríamos encontrarnos con alguna sorpresa, porque el juicio es incierto".
Tras afirmar que "no hay intención de cambiar pago de indemnizaciones por responsabilidad penal" agregó que "es muy difícil aventurar los años de prisión que puede establecer una condena".
El 13 de enero de 2005 se produjo una deflagración en un local de la calle Sauce de Burgos donde se encontraban los trabajadores de la empresa constructora y fallecieron José Luis Bustillo, Angel García, Rodrigo Pérez, Benjamín Santamaría, Alejandro Scarpellini, Benjamín Tejido, Rubén Vallejo, Manuel Rey, José Luis López y Ethamane Ould.
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