Rafael Franco, oficial de la Seguridad Social en Madrid, cobraba a detectives privados entre 500 y 5.000 pesetas (entre 3 y 30 euros) por cada dato que les facilitaba sobre la vida laboral de ciudadanos de Madrid y otras provincias. Sólo entre enero de 1997 y octubre de 1998 el funcionario efectuó más de 15.000 "transacciones informáticas correspondientes a empresas y trabajadores afiliados a la Seguridad Social", según el escrito de acusación de la Fiscalía de Madrid, que da cuenta de una espectacular trama dedicada a la venta por dinero de datos privados de personas a seis agencias de detectives que operan en toda España. Una de las agencias está radicada en Barcelona; las demás en Madrid, aunque tienen sedes en otras ciudades.
Muchas empresas encargan a detectives privados que indaguen el patrimonio de otras personas para demostrar que son solventes y poder cobrar deudas mediante embargos de nóminas, de ahí la valía de informaciones de este tipo. Doce personas -el funcionario, su esposa y responsables de seis agencias de detectives privados- se sentarán la próxima semana en el banquillo de la Audiencia de Madrid por delitos de revelación de secretos y cohecho.
Según el fiscal, Rafael Franco cobró mucho dinero por extraer datos privados de los ordenadores de la Seguridad Social para venderlos a investigadores privados. El fiscal pide para este funcionario un total de nueve años de cárcel (cuatro por revelación de secretos y cinco por cohecho).
Remuneración mensual
Para algunos detectives que supuestamente pagaron por la ilegal información, pertenecientes a las agencias Puincre, ASI Detectives SL y Lince, entre otras, el fiscal demanda penas de hasta cinco años de cárcel por cohecho o la devolución del dinero ganado. Una de las agencias llegó a poner un sueldo fijo de 600 euros a este funcionario a cambio de cuanta información precisara. Esa agencia, a su vez, suministraba datos a otras también por dinero.
La denuncia de un usuario, cuyos datos fueron vendidos a unos detectives, destapó la trama. Este oficial trabajaba en la oficina que se encarga de aplazar los pagos de morosos a la Seguridad Social. Extrajo los datos de 15.000 personas de distintas provincias españolas usando su clave personal. La información que solía facilitar eran altas y bajas en la Seguridad Social, grupo de cotización y situación laboral en ese momento.
A Rafael Franco le ayudaba supuestamente en esta actividad ilícita su esposa Pilar Estrella San Martín, quien montó en su casa una especie de oficina con fax y teléfono para recibir las peticiones y enviarlas a las agencias interesadas. Los datos más difíciles de obtener se vendían por 5.000 de las antiguas pesetas si se trataba de trabajadores que ya no cotizaban pero que lo habían hecho en algún momento de su vida. Otros acusados son Sebastián Garzón, Lorenzo Mostaza, Agustín Soto y Francisco Martínez Campos.
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