La Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Senado debate mañana el proyecto de ley para la igualdad entre hombres y mujeres, al que los distintos grupos han presentado 321 enmiendas relativas a la paridad electoral, el permiso de paternidad y los planes de igualdad en las empresas, entre otras.
Tras su estudio, la Comisión remitirá la futura norma al Pleno de la Cámara Alta del 7 de marzo -un día antes de la celebración del Día de la Mujer- para su posterior y definitiva aprobación en el Pleno del Congreso de los Diputados.
El 21 de diciembre último, todos los grupos de la Cámara Baja apoyaron la iniciativa legislativa del Gobierno, a excepción del Partido Popular que se inclinó por la abstención.
Por primera vez en España, este texto normativo establece un permiso exclusivo de paternidad de quince días, la paridad en la listas electorales (ningún sexo deberá superar el 60 por ciento de representación ni estar por debajo del 40 por ciento) y obliga a las empresas a negociar con los agentes sociales planes de igualdad.
El permiso independiente de paternidad se incrementará de forma gradual durante los próximos ocho años hasta alcanzar las cuatro semanas, según lo consensuado por las fuerzas políticas del Congreso.
Otra importante novedad de la iniciativa es el reconocimiento de la condición de refugiada a las extranjeras que huyan de su país por violencia sexual o maltrato.
Entre las enmiendas populares destacan las referidas a la paridad electoral obligatoria, que esta fuerza política pretende eliminar.
Según el PP, la supresión de la obligatoriedad de la paridad en las candidaturas no significa que esté en desacuerdo con una mayor incorporación de las mujeres en las listas, pero prefiere otras alternativas, como dar subvenciones a los partidos para los escaños que sean ocupados por mujeres.
Hace unos días, la senadora socialista María Antonia Martínez avanzó que su grupo ofrecerá a los demás representantes políticos un conjunto de transacciones y volverá a defender las enmiendas socialistas que no salieron adelante cuando se votaran en Ponencia.
En reiteradas ocasiones, el PP ha criticado esta nueva ley por entender que se dirige básicamente a las élites, sólo concede 'huecos' a las mujeres en las listas electorales y en los consejos de administración, pero no da derechos a las mujeres.
La futura Ley de Igualdad pretende acabar con la discriminación que sufre la mujer en España y hacer real la igualdad de hombres y mujeres mediante una serie de medidas laborales, políticas y sociales.
El Gobierno aprobó el proyecto de Ley de Igualdad el 23 de junio de 2006 y lo remitió al Congreso, donde los grupos parlamentarios presentaron casi 400 enmiendas.
El proyecto de la Ley de Igualdad propone una representación equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos de las Administraciones Públicas, comenzando por los nombramientos del Consejo de Ministros.
En el ámbito de las empresas, el Gobierno las insta a lograr la paridad de sexos en sus consejos de administración en un plazo de ocho años (en la primera redacción del proyecto el plazo era de cuatro años, pero se amplió a petición del Consejo de Estado); y prevé incentivos en la contratación pública para las empresas que más se acerquen a esa representación equilibrada de sexos.
Las empresas, además, deberán negociar medidas de igualdad en sus convenios colectivos, y las de más de 250 trabajadores tendrán que elaborar planes de igualdad orientados a erradicar las posibles discriminaciones de la mujer en el acceso al empleo y a la formación, en las promociones o en las diferentes categorías.
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