Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una red de peruanos que captaban en España, y en sus propios países, a ciudadanos latinoamericanos irregulares que posteriormente eran colocados, a través de la subcontratación, en obras de la construcción, según informa el Ministerio de Interior.
Los responsables les facilitaban duplicados de permisos de trabajo y residencia de otros trabajadores de sus empresas, cambiando la fotografía de los titulares de estos documentos.
En la operación policial han sido detenidas 46 personas, veintiocho de ellas en situación irregular en España. Los investigadores localizaron diversas obras en las que la red había colocado a trabajadores ilegales.
Las investigaciones, coordinadas por la central de la Unidad Contra las Redes Inmigrantes y Falsedades Documentales (UCRIF), las iniciaron en enero de 2007 agentes de Sevilla.
La organización, muy bien estructurada, estaba dirigida por un ciudadano peruano, Humberto T. B. que contaba con la ayuda de dos personas de confianza: su mujer, Marianella Q.M., que se encargaba de la gestión del personal y del material desde la oficina que la empresa tenía en Madrid, y Javier Daniel Z. M., que controlaba la red en las obras de Sevilla.
Las actividades se realizaban a través de dos empresas, 'Construcciones M.A.Urbate, S.L.' y 'Torres Bautista Humberto, S.L.N.E.'.
Los responsables de la red facilitaban duplicados de los permisos de residencia y trabajo a los inmigrantes, con su propia fotografía, pero con los datos de los auténticos titulares, que trabajaban o habían trabajado legalmente en sus empresas.
La policía se ha incautado de listados en los que estaban perfectamente definidos los nombres de los empleados legales, a quienes les habían duplicado las tarjetas de sus permisos, así como el programa informático y los soportes de éstos.
Aprovechando la estancia ilegal de los trabajadores, la organización no respetaba las condiciones laborales ni las garantías de seguridad, les pagaba salarios por debajo del mínimo establecido (cinco euros la hora), y no les ofrecía cobertura social.
Además, los trabajadores eran penalizados con rebajas en sus remuneraciones si no rendían lo suficiente o si faltaban al trabajo. Con estas prácticas fraudulentas, las empresas se encontraban en plena expansión, y obtenían numerosas subcontratas de obra en Andalucía, Castilla y León y Madrid.
Dada la necesidad de mano de obra 'barata' demandada por las diferentes construcciones en las que estaban subcontratados, el grupo había comenzado a captar a ciudadanos en Perú dispuestos a venir a España, cuyos pasaportes solicitaba y recibía por medio de unos servicios de paquetería.
En el registro realizado en las oficinas de estas empresas en Madrid, se han intervenido 33 pasaportes peruanos carentes del visado para entrar en España, y sellos de entrada y salida.
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