El letrado jefe-provincial, José Ortiz Ríos, ha presentado una demanda contra la Diputación en la que, entre otras cosas, incluye acusaciones de acoso laboral y «enchufismo» a las que vincula de forma directa al vicepresidente tercero de la institución, José López Garrido, hombre de confianza del presidente Joaquín Ripoll. Ortiz Ríos, actualmente de baja en su puesto laboral con un cuadro de acoso o «mobbing» como recogen los partes médicos, imputa al citado López Garrido «desviación de poder y arbitrariedad» en la denuncia que consta desde hace unas semanas en el TSJ contra una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que afecta de forma directa a las condiciones de su plaza.
La denuncia, surgida una semana después de que la Diputación se presentara en un acto como pionera en la lucha contra el acoso en el trabajo, tiene su origen en el intento del equipo de gobierno del PP de «vaciar de contenido» el puesto de jefe de los servicios jurídicos y forzar a éste a decidir entre su continuidad o no en la Diputación a golpe de cambio en la RPT. Ortiz Ríos, que llegó a la institución provincial de la mano de Julio de España desde el Ayuntamiento de Alicante y que está de baja desde hace catorce meses, compaginaba desde hace años su puesto en la administración local -tenía aprobada la compatibilidad del consistorio alicantino- con un despacho privado.
El letrado-jefe provincial, por ejemplo, tenía a su cargo la responsabilidad de la defensa jurídica del alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo. El primer edil, como se recordará, está enfrentado al citado Ripoll en la guerra interna que libran los populares en la Comunitat Valenciana. El contenido de la denuncia, junto a la fundamentación jurídica para intentar anular la modificación de la plantilla provincial, trata de demostrar la «desviación de poder y la arbitrariedad» con la que ha actuado la institución y el diputado López Garrido. En el texto, Ortiz alude a una situación de acoso laboral.
El responsable de los servicios jurídicos describe en la demanda una serie de actuaciones que, según la denuncia, tenían como única finalidad «perjudicar y relegar al funcionario que este escrito suscribe, privándolo de su derecho al cargo y a la carrera administrativa, con el objetivo de obligarle a abandonar la propia organización» .
El documento hace referencia a un escenario en el que el diputado de Recursos Humanos buscaba minar la autoridad del jefe jurídico «puenteándole» o apartarle de actuaciones de peso. También refiere casos de «enchufismo» en la institución como la contratación de una abogada para los servicios jurídicos provinciales que «no había llevado ni un sólo pleito» pero que, recoge la denuncia, «tenía el sobrado mérito de ser prima de la compañera de equipo de gobierno del Sr. López Garrido» .
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