La Policía ha detenido a cinco personas acusadas de integrar una red que estafó a más de 3.500 personas de origen latinoamericano con falsas ofertas de trabajo, con lo que podrían haber obtenido unos dos millones de euros.
Según informó hoy la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, la red, a través de varias empresas, ofrecía contratos de trabajo en España y los afectados debían ingresar 464 euros desde sus países de origen en una cuenta de la organización para empezar a tramitar la búsqueda de una oferta de empleo.
A los cinco detenidos, arrestados en Madrid y Murcia, se les imputan los delitos de estafa y contra los derechos de los trabajadores extranjeros.
Los detenidos son los máximos responsables de la organización, ya que eran los socios y administradores únicos del grupo de empresas.
La investigación se inició en febrero de 2006 cuando agentes de la Brigada Central de Redes de Inmigración tuvieron conocimiento de varias denuncias realizadas en Perú, Ecuador y Colombia, que apuntaban a una empresa con sede en España que se dedicaba a captar a ciudadanos latinoamericanos con ese fin.
La red cobraba a los extranjeros 464 euros sólo por empezar a tramitar la búsqueda de la oferta de empleo, pago que se efectuaba en una cuenta bancaria española facilitada por la empresa.
Una vez efectuado el ingreso, remitían el justificante por fax a la organización, que contactaba con empresarios que necesitaban mano de obra y que les permitían utilizar el nombre de su empresa para las ofertas al creer que se encargaría de los trámites legales ante el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Si se conseguía una oferta de empleo, el trabajador debía abonar otros 800 euros como pago del billete de avión y diversas gestiones y, una vez en España, tenía que pagar otros 695 euros, además de pagar un seguro de 90 euros, lo que sumaba una cantidad total de 2.000 euros.
El empresario que realizaba la oferta de empleo no conocía a la persona que iba a contratar, debido a que la selección de los trabajadores se realizaba en el país de origen por la organización, que era quien se iba a encargar de todos los trámites necesarios.
Una vez que eran abonados los primeros 464 euros, los trámites eran muy lentos y las posibilidades de que se formalizara el empleo disminuían, de tal forma que el número de trabajadores que finalmente obtuvieron el permiso de trabajo y residencia no supera los 30 y, de ellos, 25 no están dados de alta en la Tesorería General de la Seguridad Social, o bien trabajan para otra empresa o en labores diferentes.
Los empresarios con los que había contactado la organización para ofertar empleos, declararon no haber tenido posteriormente noticias de las personas que iban a trabajar para ellos.
La red tenía en España una estructura empresarial compleja, dirigida y coordinada por una empresa que a su vez se ramificaba en otras tres mercantiles.
Además, disponían de filiales en Perú, Ecuador y Colombia, lugares donde se surtían de trabajadores.
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