El presidente de la Comunidad, Pedro Sanz, afirmó ayer que el Tribunal Constitucional admitió el pasado 20 de febrero un recurso de amparo del Gobierno regional en relación al acoso laboral sufrido por un funcionario por parte de tres altos cargos de la Administración regional.
Según Sanz, el TC "entiende que ha podido haber irregularidades en el proceso", porque "hay dos magistrados que entienden en lo social y que entienden también en la sala del Tribunal y, que por tanto, pudiera haber algunas circunstancias que no concurren en la cuestión".
El presidente regional recordó que "mientras no culmine ni se resuelva el recurso de casación ante el TC" no se puede "acreditar nada".
Sanz contestó de esta manera a dos preguntas de portavoz socialista en el Parlamento de La Rioja, Francisco Martínez Aldama, relativa a que medidas iba a tomar contra Aránzazu Vallejo, Antonino Burgos y Ángel Salinas y a si se había abonado alguna compensación económica al funcionario por los daños causados.
Martínez Aldama afirmó que no le quedaba más salida que forzar la dimisión de los tres y recordó, en este sentido, que el Consejo Consultivo de La Rioja ha reconocido en un dictamen la responsabilidad en la que habían incurrido los tres altos cargos y en la que recomendaba que se le indemnizase con 60.000 euros.
En el dictamen, del pasado 10 de octubre aprobado por unanimidad de todos sus miembros, el Consejo Consultivo estimaba también que la reclamación de este funcionario era "razonable y ajustada a Justicia y Derecho", después de las tres sentencias en contra que ha habido en los tribunales.
Las decisiones de este órgano de la administración regional, que preside el ex-presidente popular de la Comunidad Joaquín Espert y en el que también figuraba en el momento del dictamen la actual Defensora del Pueblo de La Rioja, María del Bueyo Díez Jalón, no tienen un carácter vinculante.
Esta resolución se produjo después de las tres sentencias que ha habido acerca de este asunto: una de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) de 16 de noviembre de 2004; otra de la Sala de los Contencioso Administrativo del TSJR de 17 de febrero de 2005 y una última de los Sala de lo Social del TSJR de 6 de octubre de 2005.
Martínez Aldama afirmó que hay una resolución de su Gobierno de diciembre de 2006 por la que está previsto pagar 9.160 euros al funcionario.
"Ese dinero se pagó con fecha de 16 de marzo. Ya han pagado. Esta es la realidad. Si su Gobierno paga y usted paga es porque hay una causa, y esa causa es el acoso laboral por parte de tres miembros de su Gobierno, se ponga como se ponga, diga lo que diga e invente lo que invente, porque si no hay ¿por que ha pagado la factura?", dijo.
Martínez Aldama exigió que los 9.160 euros no salgan de los impuestos de los riojanos, sino de los bolsillos de los tres altos cargos.
En este sentido, el presidente regional le pidió a Martínez Aldama que ya que exige esto, que también reclame el pago de su bolsillo de los treinta millones de pesetas que dijo que dejó como deuda de su gestión el consejero de Salud socialista y ahora diputado, Pablo Rubio, en una residencia de Arnedo.
También hizo referencia a otros funcionarios "que no han ido a pedir una indemnización patrimonial y sobre lo que ustedes tienen mucho que decir" y cuyos últimos casos dijo que son "una funcionaria de la Inspección de Trabajo, un magistrado del TSJR o el secretario de Arrúbal".
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.