Son funcionarios y agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional que facilitaban información personal a las empresas.El dato se cotiza de 9 a 18 euros.
Obtenían ilícitamente datos sobre domicilios, ingresos, gastos y cotizaciones de particulares en Córdoba. Luego los vendían a empresas, entidades bancarias o despachos profesionales. Ayer, en la vista oral del caso, los catorce acusados aceptaron penas que suman 21 años de prisión. Han reconocido, tal como apuntaba el fiscal, que uno de los acusados, J.C.T., funcionario del INEM, había realizado 21.871 consultas fuera de su horario de trabajo para las que no estaba autorizado.
La información obtenida de forma irregular se transfería a otros tres acusados que tenían una empresa encargada de obtener todo tipo de información sobre personas físicas y jurídicas relativa a sus ingresos y gastos.
La red estaba formada por funcionarios de la Tesorería General, de la Agencia Tributaria y del Instituto Social de la Marina de Cádiz, entre otros. Además, también están presuntamente implicados un guardia civil y otra agente del Cuerpo Nacional de Policía, por suministrar datos de placas de vehículos y titularidad de los mismos.
El dato se cotiza de 9 a 18 euros
Los integrantes de la red que obtenía información ilegalmente los vendían a empresas, entidades bancarias o despachos profesionales por un valor de entre 9 y 18 euros por dato. Estas informaciones eran utilizadas por los compradores para decidir si concedían o no dichos créditos o para averiguar los bienes a efecto de embargos. También se pasaban datos a compañías aseguradoras para establecer las indemnizaciones por accidentes.
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