Además de las sanciones financieras previstas y el pago del coste de la repatriación de los inmigrantes ilegales, se prevé la exclusión durante cinco años de toda ayuda pública y poder participar en licitaciones para mercados públicos.
En sus alegaciones, Bruselas insiste en que el fenómeno de la inmigración ilegal está creciendo de manera importante en Europa. Se estima que el número de inmigrantes en situación irregular en la UE se sitúa entre 4,5 y 8 millones de ciudadanos, que concentran su actividad en una serie de sectores: construcción, agricultura, servicios de limpieza, y restaurantes y hostelería.
Para justificar estas medidas, la Comisión explica que, por un lado, esta inmigración ilegal reduce los ingresos de la hacienda pública; presiona los salarios y las condiciones laborales a la baja; distorsiona la competencia entre empresas y hace que esos trabajadores no declarados no puedan beneficiarse de los seguros sanitarios y los derechos de pensión.
Por otro lado, los inmigrantes ilegales, en opinión del Ejecutivo comunitario, viven en una situación vulnerable porque en caso de ser descubiertos serán devueltos a sus países de origen.
Puesto que el principal factor que atrae a la inmigración ilegal es el mercado laboral, la Comisión centra su propuesta en castigar a las personas o las empresas que utilizan la mano de obra ilegal en la UE y trata, sobre todo, de impedir el uso de esa forma fraudulenta de contratación. La directiva establece que “los Estados miembros prohibirán el empleo de los ciudadanos de países terceros en situación ilegal”.
Toda infracción contra esta prohibición se sancionará. Y las empresas estarán sujetas a una serie de obligaciones mínimas. Por ejemplo, a exigir el certificado de residencia u otras autorizaciones similares, y a ajustar el periodo de contratación al periodo de residencia del extranjero.
“Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para asegurarse de que toda infracción quede sujeta a una efectiva, proporcional y disuasiva sanción financiera contra el empresario”, dice el proyecto de directiva.
Las sanciones, aplicables a empresas y personas físicas y que todavía deben definirse cuantitativamente, serán financieras, y se les añade el coste de la repatriación de los ilegales. Además el empresario descubierto en la utilización de ilegales, será excluido de las ayudas públicas y de toda participación en mercados públicos, durante cinco años.
Por otro lado, la empresa culpable deberá devolver las ayudas públicas recibidas, incluidos los fondos de la UE, otorgados en los últimos doce meses anteriores a la detención de los inmigrantes empleados en situación ilegal. Cuando el empresario es un subcontratista, se prevé que el contratista principal será también responsable para pagar las sanciones previstas en el apartado anterior.
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