La Comisión Europea propuso ayer una directiva para sancionar con multas e incluso con penas de cárcel a los empresarios que contraten a trabajadores inmigrantes ilegales, con la que se persigue intensificar las medidas frente a la contratación irregular y, al mismo tiempo, abordar el serio problema que supone la explotación de la población inmigrante, que no puede protegerse frente a los abusos.
Las últimas estimaciones señalan que el número de inmigrantes irregulares que vive en la UE se sitúa entre 4,5 y 8 millones, con un incremento anual de entre 350.000 y 500.000, según las cifras facilitadas por el Ejecutivo comunitario. Entre el 7 y el 16% del PIB comunitario procede de la economía sumergida, aunque no toda ella está alimentada por inmigrantes irregulares. La construcción, la agricultura, el trabajo en el hogar y los servicios hospitalarios son los sectores más propensos a este tipo de trabajo sin documentos.
El Ejecutivo comunitario considera que el trabajo irregular es un factor de atracción para la inmigración y pretende frenarlo con esta norma para sancionar a los empresarios que contraten a inmigrantes ilegales. Cubre no sólo a empresas sino también a personas particulares que den trabajo a irregulares en su hogar, aunque en este caso sólo se aplicarían multas porque las penas de cárcel se reservan a los casos más graves, según explicó el vicepresidente de la Comisión y responsable de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco Frattini.
La directiva obligará a los empleadores a verificar, antes de contratar a un inmigrante, que éste dispone de un permiso de residencia o una autorización equivalente. Las empresas tendrán que informar a las autoridades nacionales competentes. Los empleadores que puedan probar que han respetado estas obligaciones no serán sancionados.
Sin embargo, los que hayan contratado a inmigrantes irregulares sin verificar sus papeles se enfrentarán a sanciones que pueden ser: multas (que incluirán los gastos de repatriación de los trabajadores ilegales); el pago de los salarios, impuestos y cotizaciones a la seguridad social pendientes; y otras medidas administrativas como la exclusión del beneficio de subvenciones -incluidos los fondos de la UE- durante un periodo que puede llegar a cinco años y la prohibición de participar en licitaciones públicas también durante 5 años.
Bruselas considera que estas medidas podrían no ser suficientes para disuadir a algunos empresarios y pide instaurar sanciones penales en algunos casos graves: tres infracciones en dos años; la contratación de al menos cuatro ilegales; las condiciones de trabajo especialmente abusivas; y las situaciones en las que el empleador sepa que el trabajador es víctima de la trata de seres humanos. La Comisión no precisa el importe mínimo de las multas ni de las sanciones penales y lo deja en manos de los Estados miembros para lograr que los Veintisiete respalden la directiva.
Los Estados miembros tendrán que facilitar a los inmigrantes la posibilidad de que presenten reclamaciones contra los empresarios personalmente o a través de los sindicatos. Aquellos que denuncien que están siendo explotados se beneficiarán de un permiso de residencia limitado a la duración del procedimiento. La directiva propone también aumentar el número de inspecciones laborales del actual 2,8% al 10% para verificar su cumplimiento.
En la actualidad, 26 de los 27 Estados miembros disponen ya de sanciones y de medidas preventivas, y las legislaciones de 19 países prevén sanciones legales. No obstante, Bruselas señala que existen importantes diferencias y que no se controla correctamente su aplicación.
NO A LAS REGULARIZACIONES MASIVAS
El vicepresidente de la Comisión Europea expresó de nuevo su rechazo a las regularizaciones masivas como receta para los inmigrantes ilegales que ya se encuentran en territorio comunitario. 'La orientación europea es que no se puede seguir la vía de las regularizaciones masivas; si hay ilegalidad, la ilegalidad debe seguir siendo ilegal. No podemos transformar la ilegalidad en legalidad, Europa no puede hacerlo', subrayó.
'La única posibilidad para los inmigrantes ilegales que están ahora en territorio europeo es animarlos a volver a su país, a seguir el recorrido regular de la inmigración legal. El retorno voluntario puede cofinanciarse con proyectos europeos', añadió Frattini.
A su juicio, 'hace falta una estrategia europea sobre regularización de ilegales'. Destacó que si hay 'una necesidad de regularizar a un cierto número de ilegales' es necesario consultarlo con el resto de Estados miembros a través del mecanismo que se puso en marcha tras la 'regularización masiva' que llevó a cabo España en 2005. En este sentido, recordó que Alemania ya ha presentado en ese foro su intención de regularizar a 'varios miles' de irregulares y dijo que este es el 'buen método'.
CUOTAS DE INMIGRANTES
Junto con su propuesta para sancionar a los empresarios que contraten a irregulares, el vicepresidente de la Comisión presentó una serie de ideas para facilitar la emigración circular, que permitía a los emigrantes acudir a Europa para trabajar de manera temporal a cambio del compromiso del país de origen de aceptar la repatriación una vez finalizado el contrato. Mediante este sistema se puede responder al mismo tiempo a las necesidades del mercado laboral de la UE y a las del país origen de la emigración sin provocar una fuga de cerebros.
Para lograr que este mecanismo funcione, Frattini dijo que los Estados miembros tienen que establecer el número de trabajadores inmigrantes que necesitan y para qué sectores, aunque precisó que esto no supondría que la UE imponga 'cuotas nacionales' sino que los países tendrán total libertad. Una vez conocidas estas cifras, la Comisión negociará en nombre de los Veintisiete con los países de origen, como Senegal o Mali, acuerdos de movilidad que incluyan garantías de trato justo a los trabajadores inmigrantes y de readmisión en caso de que se queden más tiempo del previsto en sus contratos.
Para fomentar este tipo de inmigración circular, Frattini confirmó su intención de presentar en los próximos meses propuestas de directiva sobre la admisión de inmigrantes altamente cualificados, sobre temporeros, y sobre personas con contratos de formación.
El vicepresidente recomendó además incrementar la cooperación en materia de lucha contra la inmigración ilegal con las regiones del Este y del Sudeste de la UE -como Turquía, los Balcanes, Ucrania, Moldavia, Bielorrusia, Armenia o Georgia- para combatir así la fuerte implantación de redes de tráfico de personas.
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