Bernardo Fuentes Bobo, trabajador fijo de TVE desde 1971 a 1994, cuando fue despedido por la publicación de un artículo con su firma y unas declaraciones radiofónicas sobre las causas de la crisis que entonces atravesaba el entre público, ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por lo que considera una 'violación continuada' en España de su derecho a la libertad de expresión así como de otros derechos protegidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que España ratificó en 1979, al no cumplirse a su juicio una sentencia anterior del citado órgano europeo que le daba la razón.
Así, el demandante alega que a pesar de la sentencia del TEDH de 29 de febrero de 2000, en la que el tribunal declaró la violación del artículo 10 del citado convenido sobre libertad de expresión, continúa despedido, no se le han abonado los salarios no percibidos desde el despido ni ha sido indemnizado.
En concreto, el TEDH dio entonces la razón a Fuentes Bobo, dictando una 'satisfacción equitativa' de 6.000 euros a su favor, lo que, según explicó hoy a Europa Press el ex trabajador, es una figura jurídica que no equivale a la indemnización por daños y perjuicios que reclama ahora, y que cifra en torno a los 450.000 euros en concepto de los salarios que no recibió, los gastos derivados de su representación legal y otros. A su juicio, en España se ha 'tergiversado' el concepto jurídico de 'satisfacción equitativa', equiparándolo erróneamente con el de 'indemnización'.
Según Fuentes, 'lo que está ocurriendo en España respecto al no cumplimiento de sentencias del TEDH es un fraude criminal'. 'Por una parte, el Gobierno se niega a cumplir el artículo 46 del convenio, y por otra, los dos grupos políticos mayoritarios desatienden sistemáticamente las solicitudes y recomendaciones del Defensor del Pueblo, de varios grupos parlamentarios y de magistrados del Tribunal Constitucional relativas a que se legisle en España un procedimiento claro para la aplicación de las sentencias del TEDH', explica.
Fuentes Bobo recordó que los grupos parlamentarios de IU, Grupo Vasco y Grupo Mixto han presentado preguntas al Gobierno en varias ocasiones respecto al caso concreto. IU ha presentado también una proposición no de ley y el Defensor del Pueblo incluyó este caso en uno de sus informes anuales a las Cortes, si bien ninguna de estas iniciativas ha prosperado porque no han recibido el apoyo del PP o el PSOE.
También señala Fuentes que 'determinados jueces, magistrados y fiscales españoles eluden entrar en el fondo del asunto o hacen sus propias e inconstitucionales interpretaciones del convenio y de sentencias del TEDH, lo que deja completamente indefensas a las víctimas de violaciones a la vez que se va creando una pseudojurisprudencia disparatada y dañina, potencialmente peligrosa para todos los españoles y para ciudadanos de otros países que residan en España'.
Una de sus consecuencias, según Fuentes, es que 'el Gobierno y determinadas decisiones judiciales han implantado en España 'de facto' una nueva forma de despido laboral mucho más barata utilizando de forma perversa el convenio europeo y sentencias del TEDH'.
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