El Ministerio Fiscal presentó el miércoles ante la Audiencia Nacional un documento previo al escrito de acusación definitivo del 'caso Sintel' en el que retira la imputación contra el ex presidente de Telefónica Juan Villalonga y concreta las acusaciones contra los hermanos Jorge y Juan Carlos Mas Santos, hijos del fallecido empresario cubano anticastrista Jorge Mas Canosa, por un presunto delito de insolvencia punible en el proceso de venta de Sintel, filial de Telefónica, iniciado en 1996 y su posterior quiebra en 2001, que dejó a 1.800 trabajadores sin empleo, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press.
La Fiscalía mantiene las acusaciones contra el ex presidente de Telefónica Cándido Veláquez y su secretario general del consejo de administración Heliodoro Alcaraz, bajo cuyo mandato se formalizó la venta de Sintel. Ambos declararon ante el juez que desconocían los detalles de la operación.
El Ministerio Fiscal solicita el sobreseimiento de las actuaciones contra Villalonga al no haber encontrado "indicios suficientes" para presentar su acusación después de revisar toda la documentación, correspondiente al tiempo en el que fue presidente de Telefónica, depositada en la sede madrileña de la compañía. Los trabajadores, por su parte, sí solicitarán la acusación de Villalonga en su escrito de acusación de cara a la apertura del juicio oral, según confirmaron a Europa Press fuentes sindicales.
Como últimas diligencias, el fiscal pide al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia, Santiago Pedraz, que llame a declarar como imputados al último gestor de Sintel, Carlos Gila, que compró la filial a la empresa MasTec, propiedad de Mas Canosa, en febrero de 2001 por valor de dos euros, al empresario Pedro Casals y a un inversor libanés. Telefónica negó ante el juez que Gila fuera un testaferro de la compañía.
Este documento será la base del escrito de solicitud de transformación del procedimiento y apertura de juicio oral que la Fiscalía tiene previsto presentar "antes del verano", y que incluirá la petición de imputaciones definitivas para cada uno de los acusados. Este paso dará por concluida la fase de instrucción y abrirá el plazo para la presentación de los escritos de acusación de las partes y la posterior declaración de apertura del juicio oral que podría comenzar "el próximo otoño", según fuentes jurídicas.
POSIBLE ACUERDO ECONÓMICO
Ante la posible apertura de juicio oral, abogados de la defensa de los acusados Jorge y Juan Carlos Mas Santos se han puesto en contacto con los representantes legales de los trabajadores con la intención de alcanzar un acuerdo económico previo a la celebración del juicio.
Un acuerdo que los Mas Santos condicionan a la participación de Telefónica en los pagos y que, en caso de alcanzarse, no detendría las acusaciones y la solicitud de apertura del juicio oral por parte de la Fiscalía, según fuentes jurídicas.
La reactivación del 'caso Sintel' parte del 'empujón' dado por la Fiscalía Anticorrupción y el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para "acelerar el proceso" durante 2007 y evitar el "enquiste" de una investigación que comenzó en 2001 a cargo del magistrado Guillermo Ruiz de Polanco, heredada posteriormente por Baltasar Garzón y ahora instruida por Pedraz.
La primera señal de reactivación se produjo el pasado mes de febrero con la llamada a declarar como imputado del ex presidente de Telefónica Juan Villalonga, que tuvo lugar el pasado 12 de febrero, y de otras siete personas que figuraban como titulares de varias cuentas depositadas en paraísos fiscales a donde se transfirió el capital de las sociedades de Sintel en Latinoamérica.
CUATRO HECHOS RELEVANTES
En las conclusiones de su investigación, el fiscal detectó "cuatro hechos de especial relevancia" como agravantes y causantes de la declaración de insolvencia. El primero de ellos fue la venta en abril de 1996 de Sintel por su propietaria Telefónica a la empresa MasTec, propiedad de los hermanos Mas Canosa, que para ello crearon la sociedad MasTec Internacional.
La operación contaba con un contrato de reconocimiento de deuda entre Telefónica y MasTec firmado en 1998 que establecía como aval a la propia Sintel. En tercer lugar, existe otro contrato por el que la empresa MasTec Internacional realizó la transmisión de la venta del 87% de las acciones a cinco sociedades, cuatro de ellas domiciliadas en las Islas Vírgenes bajo el nombre de otros imputados en el caso.
Por último, el fiscal determinó que las filiales de Sintel situadas en Argentina, Perú, Venezuela, México, Chile y Brasil también fueron transmitidas a las cuentas citadas.
El procedimiento contra los ex responsables de Sintel se inició en julio de 2001 a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción por un delito de insolvencia punible. En enero de ese mismo año, los trabajadores, que protagonizaron una acampada de seis meses en el madrileño Paseo de la Castellana para reclamar sus derechos laborales, denunciaron a los anteriores responsables de la filial de Telefónica ante la Fiscalía Especial.
Después de las tres últimas citaciones, el número de imputados en el caso se eleva a 21. Entre los querellados también se encontraban los ex consejeros delegados de la compañía Juan Antonio Casanova y Juan Miguel Antoñanzas, que fue presidente de Seat y de Uralita.
La querella también se dirigía contra el ex vicepresidente de la entidad Ricardo Campos Duffau y el ex director financiero Pedro Novela. A todos ellos se les impuso una fianza de 13.170 millones de pesetas en concepto de responsabilidad civil por su gestión al frente de Sintel.
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