La Fiscalía Anticorrupción remitió el jueves a la Audiencia Nacional un escrito con "carácter previo" al auto de imputación judicial y solicitud de apertura de juicio oral del 'caso Sintel', en el que solicita al juez instructor que llame a declarar a los cuatro últimos imputados por un presunto delito de insolvencia punible en el proceso de venta de Sintel, filial de Telefónica, iniciado en 1996 y su posterior quiebra en 2001, que dejó a 1.800 trabajadores sin empleo, según detalla el documento al que tuvo acceso Europa Press.
El Ministerio Fiscal solicita así al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional las últimas diligencias con las que cerrará la instrucción antes de solicitar la apertura de juicio oral "antes del verano", según informaron fuentes jurídicas a Europa Press.
De este modo, se pide la comparecencia del último gestor de Sintel y supuesto testaferro de Telefónica, Carlos Gila, que compró la filial a la empresa MasTec en febrero de 2001 por valor de dos euros y gestionó la extinción definitiva de los contratos.
Los otros tres imputados son el empresario Pedro Casals Aldama y su mujer María Antonia Rotllant, que recibieron de Sintel más de 600.000 euros en comisiones a través de su sociedad Patallari, y el administrador de Catenón el libanés Yussef Jamal Abboud, que también recibió pagos procedentes de la descapitalización de Sintel para cubrir deudas contraídas con Telefónica.
Anticorrupción ha retirado la imputación contra el ex presidente de Telefónica Juan Villalonga al no haber encontrado rastro de la venta de Sintel en las actas de las juntas del Consejo de Administración de Telefónica durante su etapa como presidente. Por su parte, los trabajadores de Sintel solicitarán al juez la inculpación de Villalonga en su escrito de acusación previo a la celebración del juicio, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press.
23 IMPUTADOS DE INSOLVENCIA PUNIBLE
La lista de los 23 imputados que presenta la Fiscalía en su escrito coincidirán, a la espera de lo que ocurra en las próximas declaraciones, con sus peticiones de acusación, según fuentes jurídicas. Entre ellos destacan los hermanos Jorge y Juan Carlos Mas Santos, hijos del fallecido empresario cubano anticastrista Jorge Mas Canosa. El ex presidente de Telefónica Cándido Velázquez, su secretario del Consejo de Administración, Heliodoro Alcaraz, el vicesecretario general de Telefónica en tiempos de Villalonga, José María Mas Millet, y el consejero de Sintel, Dositeo Barreiros, entre otros.
El Ministerio Fiscal considera que todos ellos participaron de una manera "relevante" y "consciente" en el desmantelamiento patrimonial de Sintel y que dispusieron de lo "necesario" para evitar el conocimiento de la situación real de la empresa "ocultando" en su contabilidad su "patente crisis" y proponiendo unos "supuestos" Planes de Viabilidad que, en modo alguno, estaban dispuestos a cumplir.
VACIAMIENTO DE LA SOCIEDAD
En las conclusiones de su investigación, el fiscal considera que la finalidad de las actuaciones en torno a la venta de Sintel fue el "vaciamiento" de la sociedad. Los orígenes de la insolvencia parten de abril de 1996 cuando Telefónica, bajo la presidencia de Velázquez, formaliza la venta de Sintel a Mas Tec, propiedad del empresario cubano Jorge Mas Canosa, a través de MasTec Internacional.
La operación contó con un contrato de reconocimiento de deuda entre Telefónica y MasTec firmado en 1998 que establecía como aval a la propia Sintel. También existía otro contrato por el que la empresa MasTec Internacional realizó la transmisión de la venta del 87% de las acciones a cinco sociedades, cuatro de ellas domiciliadas en las Islas Vírgenes bajo el nombre de otros imputados en el caso.
El fiscal determinó que las filiales de Sintel situadas en Argentina, Perú, Venezuela, México, Chile y Brasil también fueron transmitidas a las cuentas citadas.
Según detalla el escrito, en 1999 los Mas Santos, en connivencia con el Consejo de Administración de Sintel, "distrajeron diversas e importantes" cantidades de dinero a su favor. A partir de entonces, los administradores de Sintel ejecutaron actos de "progresiva descapitalización" de la mercantil entre los que se encuentran varios pagos de "comisiones millonarias" y el vencimiento anticipado por parte de Telefónica de un crédito que tenía con Sintel por valor de 8,3 millones de euros (1.389 millones de pesetas).
El procedimiento contra los ex responsables de Sintel se inició en julio de 2001 a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción por un delito de insolvencia punible. En enero de ese mismo año, los trabajadores, que protagonizaron una acampada de seis meses en el madrileño Paseo de la Castellana para reclamar sus derechos laborales, denunciaron a los anteriores responsables de la filial de Telefónica ante la Fiscalía Especial.
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