El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha llamado a declarar a cuatro nuevos imputados por el 'Caso Sintel' tal y como solicitó la Fiscalía Anticorrupción en un escrito remitido la pasada semana al juez. Todos ellos están imputados por un presunto delito de insolvencia punible cometido durante le proceso de venta de la filial de Telefónica, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press.
El primero en comparecer el próximo 11 de julio será el último gestor de Sintel y supuesto testaferro de Telefónica, Carlos Gila, que compró Sintel a la empresa MasTec en febrero de 2001 por valor de dos euros y gestionó la extinción definitiva de los contratos de los más de 1.800 trabajadores que se quedaron sin empleo.
El 20 de julio declararán ante Pedraz el empresario Pedro Casals Aldama y su mujer María Antonia Rotllant, que recibieron de Sintel más de 600.000 euros en comisiones a través de su sociedad Patallari, y el administrador de Catenón el libanés Yussef Jamal Abboud, que también recibió pagos procedentes de la descapitalización de Sintel para cubrir deudas contraídas con Telefónica.
De esta manera, el juez responde a las diligencias solicitadas la semana pasada por la Fiscalía Anticorrupción en un escrito con carácter previo al auto de imputación judicial y solicitud de apertura de juicio oral del 'caso Sintel', con las que se pretende cerrar la instrucción antes de solicitar la apertura de juicio que previsiblemente comenzará "el próximo otoño", según informaron fuentes jurídicas a Europa Press.
NEGOCIACIONES CON EL GOBIERNO
Representantes de los trabajadores de Sintel se volvieron a reunir ayer por tercera vez en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con el secretario general de Empleo, Antonio González, durante casi dos horas para poner en marcha la mesa de negociaciones para la aprobación del plan social que cumpla con los acuerdos alcanzados en 2001 con el entonces Gobierno del Partido Popular.
Según declaró a Europa Press el portavoz de los trabajadores, Adolfo Jiménez, las negociaciones han ido encaminadas a encontrar un "conjunto de medidas" que se adapten a "cada uno de los colectivos" de trabajadores afectados por la quiebra de Dintel.
Jiménez explicó que el informe emitido por la Fiscalía "nos da la razón" y aporta "cierta garantía de sensibilidad social por parte del Gobierno". Durante la reunión, se habló de la mención que el fiscal hace en su escrito donde sitúa al Estado como acreedor de Telefónica por la deuda de 64,8 millones de euros contraída en concepto de las ayudas extraordinarias que la Dirección General de Trabajo destinó al plan de prejubilación de los ex trabajadores de Sintel.
Los trabajadores se manifiestan hoy en la madrileña Plaza de España para solicitar una solución a la situación que arrastra desde hace seis años.
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