Los países de la UE cerrarán hoy un acuerdo global sobre el nuevo reglamento que establece normas más estrictas para gestionar la devolución por parte de los Gobiernos europeos de los gastos sanitarios que hayan generado sus ciudadanos en otros Estados miembros donde se encontrasen ya sea como turistas o como pensionistas residentes.
Fuentes diplomáticas dieron por cerrado el acuerdo sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social en la UE que adoptará hoy el Consejo de Trabajo y Asuntos Sociales, en el que participará el ministro Jesús Caldera, acompañado del consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández García, en representación de las comunidades autónomas. Posteriormente, el acuerdo se transmitirá al Parlamento Europeo.
El reglamento guarda relación con el sistema de reembolso que deben hacer los gobiernos europeos por los gastos sanitarios generados por sus ciudadanos en otro países de la UE en dos supuestos distintos: cuando el ciudadano en cuestión es turista o cuando es un pensionista y reside en un país distinto al suyo de origen.
En concreto, el acuerdo fijará el plazo máximo que puede agotar el país de origen antes de pagar el reembolso al país en el que se trató su ciudadano, que será de dos años en el caso de los turistas y de un periodo más largo, quizá de tres, para los pensionistas. En este caso, las fuentes apuntaron que España fija una cuota anual de 2.000 euros por jubilado extranjero que cobra a los países de origen.
Superado este plazo, el nuevo reglamento prevé unos "recargos por demora", que fijará, tal y como hace cada año, el Banco Central Europeo, y que ahora se sitúa en el 3% del interés legal.
Asimismo, fija una serie de "anticipos" de hasta el 90% para países como Alemania o Reino Unido, grandes emisores de turismo, y que puede representar entre 100 y 120 millones de euros al año.
Las fuentes subrayaron que este acuerdo es especialmente importante para España, porque es uno de los países europeos que más turismo recibe y probablemente en el que residen más pensionistas de otros países. En concreto, los mayores controles en el reembolso beneficiarán particularmente a la Comunidad Valenciana, islas Baleares, Cataluña, Andalucía y, en menor medida, las islas Canarias.
Afirmaron que en la actualidad la recaudación media anual por este concepto asciende a los 300 millones de euros, si bien añadieron que esta cantidad podría ascender hasta 400 o 500 millones si a nivel interno español se subsanasen los problemas que persisten, tales como una insuficiente comunicación entre centros de salud, comunidades autónomas y Ministerio de Trabajo cada vez que se atiende a un paciente extranjero.
Explicaron que en la actualidad los reembolsos se gestionan bien por medio de acuerdos bilaterales o con uno general pero que, a diferencia del acuerdo que se espera adoptar mañana, son más lasos en controles y existe una obligación de reembolso que se basa más en "la lealtad" que en "imperativos" legales.
PENSIONES COMPLEMENTARIAS
Otro tema relativo a la seguridad social que tratarán los ministros es la propuesta de directiva sobre pensiones complementarias donde, a diferencia del caso anterior, no se espera acuerdo debido al veto de Países Bajos en una decisión que tienen que tomar los Veintisiete por unanimidad.
La propuesta de directiva busca fijar un sistema común en la UE para las pensiones complementarias, que en España solo se dan en un 8% de los trabajadores -particularmente del sector servicios, grandes empresas y funcionarios de la Administración central-. Sin embargo, en Países Bajos puede alcanzar el 80% de los casos, de manera que dispone ya de un sistema consolidado y se niega a adaptarlo a un sistema comunitario.
El documento fija en cinco los años en tiempo a partir del cual un trabajador puede acceder al derecho de consolidar su pensión y establece que este derecho se pondrá mantener a lo largo de toda su vida laboral.
Este régimen supondría un cambio en España, donde a excepción de ese 8%, las pensiones se rigen por convenios colectivos y el trabajador pierde su derecho a la pensión complementaria si es despedido o se despide, señalaron las fuentes.
Otro punto relativo a los regímenes de seguridad social es un acuerdo que por primera vez incluirá en el sistema de tarjeta sanitaria europea a los funcionarios públicos, que hasta ahora estaban excluidos debido a que tenían su propia asistencia sanitaria. Se beneficiarán profesionales como militares, del sector de la justicia y casi todos los funcionarios de la Administración central.
INMIGRACIÓN
En otro orden de cosas, los ministros celebrarán un debate informal sobre inmigración durante el almuerzo, en el que el comisario de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco Frattini, les presentará las últimas propuestas en este ámbito y relacionadas con el mercado laboral.
Así, el Consejo de Empleo conocerá de primera mano la propuesta que presentó este mes la Comisión Europea para sancionar con multas e incluso con penas de cárcel a los empresarios que contraten a trabajadores inmigrantes ilegales.
Las fuentes consideraron que este debate es importante, de manera que la lucha contra la inmigración ilegal no se limite al contexto de los Consejos de Justicia e Interior y que también se observen "desde una perspectiva de política de empleo y de control del mercado de trabajo".
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