El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Valladolid ha condenado a la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT al pago de los honorarios de un letrado que prestó sus servicios a dos afiliados de este sindicato, que no dispusieron del correspondiente abogado al que tenían derecho, por lo que tuvieron que recurrir a otro para un juicio de faltas.
Según la sentencia, la FSP encargó al letrado L. A. la defensa de un delegado sindical y de una afiliada en un juicio penal que tuvo lugar en Rioseco en el 2005. El letrado reclamó primero los honorarios a la FSP, que por divergencias rehusó pagarle, por lo que el abogado optó por recurrir a los dos afiliados. La cantidad que debía de pagarse alcanzaba los 1.105 euros. Al no serle satisfecho el importe, el letrado reclamó a los afiliados «como clientes directos», que después han tenido que acudir a la justicia para poder cobrar.
Los dos afiliados solicitaron a Cándido Méndez que mediase en ese conflicto y el secretario nacional de UGT indicó a la FSP que los dos militantes tenían razón y que se les pagasen los gastos del letrado.
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