La Policía Nacional detuvo ayer en Cartagena, en el marco de la llamada 'Operación Nervio', a 56 personas que supuestamente integraban una red organizada que habría defraudado más de 3 millones de euros a la Seguridad Social mediante la creación de empresas ficticias en la Región de Murcia.
La investigación y el análisis de los movimientos de alta y baja producidos apuntaban a la creación de sucesivas empresas, de las cuales solo una era real y el resto ficticias, al frente de las que figuraban personas incursas en supuestos de exclusión social o penados, y que incurrían sucesivamente en el impago de los impuestos correspondientes a la Seguridad Social.
Durante la 'Operación Nervio' se investigó a estas empresas que, mediante el trasvase de trabajadores de unas a otras, eludían el pago a la Seguridad Social por los operarios. Según la Policía Nacional, el responsable de la red llegó a dar de alta como trabajadores de las distintas empresas a familiares próximos, a los que retraía sus correspondientes pagos.
Esta operación se inició hace seis meses y en ella participaron de manera conjunta agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social, dependiente de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal y la Brigada de Policía Judicial de Cartagena.
600 EUROS POR EL DNI
El responsable de la organización, detenido en Cartagena, captaba a los ficticios empresarios entre personas en situación de exclusión social, acogidas a programas relacionados con la integración laboral y social de drogodependientes o personas que cumplen condena en prisión.
Unos 'captadores', también detenidos durante la operación, eran los encargados de ofrecer a estas personas sumas de dinero en torno a los 600 euros a cambio de que les facilitaran su DNI. Una vez obtenidos, preparaban la documentación necesaria para inscribirlos en la Seguridad Social y dar de alta en licencia fiscal a estas empresas ficticias, en unos casos instando a los titulares de los documentos a que firmaran la solicitud de inscripción en la Seguridad Social y, en otros, falsificando su firma.
Una vez gestionada el alta de las falsas empresas, eran dados de alta en la Seguridad Social como trabajadores de las mismas un elevado número de personas, cuyas cuotas de los seguros sociales no eran ingresadas en ningún caso. Estos trabajadores prestaban sus servicios cedidos a unas subcontratas, sin que las empresas contratistas conocieran el fraude existente.
La red también contaba con 'gestores', tres de ellos detenidos, que se encargaban de favorecer el desarrollo de estas actividades fraudulentas a través del movimiento de trabajadores de unas empresas a otras cuando la Seguridad Social detectaba los impagos de las correspondientes cuotas.
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