La Comisión Europea dio ayer un plazo de dos meses para que un total de 14 Estados miembros, entre ellos España, apliquen plenamente la directiva del año 2000 para luchar contra la discriminación racial, al observar que, aunque "todos los países han hecho esfuerzos genuinos" en esta dirección, los gobiernos expedientados registran algunas irregularidades. En el caso de España, éstas se contemplan en el ámbito laboral y en la ausencia de un organismo sobre igualdad.
Bruselas envió un dictamen motivado a España, Suecia, República Checa, Estonia, Francia, Irlanda, Reino Unido, Grecia, Italia, Letonia, Polonia, Portugal, Eslovenia y Eslovaquia para que cumplan plenamente la directiva de igualdad racial, que se adoptó en 2000 y que tenía que haber sido transpuesta a las leyes nacionales en 2003. Se trata del segundo paso de un procedimiento de infracción, de manera que los países afectados disponen ahora de un plazo de dos meses para obedecer las indicaciones de la Comisión, puesto que, en caso contrario, serán denunciados ante el Tribunal de Justicia de la UE. Bruselas añadió que también podría imponer un multa a país afectado.
La Comisión recordó en un comunicado que hace 10 años la UE acordó luchar contra la discriminación, una tarea en la que "todos los países de la UE han hecho genuinos esfuerzos" para aplicar la directiva de igualdad racial. Sin embargo, observa que "no todas las leyes nacionales están plenamente conformes con estos requisitos", por lo que se ha puesto en contacto con los distintos Gobiernos europeos para que efectúen distintos cambos en sus leye En el caso concreto de España, la Comisión constata la "ausencia de protección completa en el empleo público y fuera del ámbito del empleo" y que "el organismo de promoción de la igualdad aún no ha sido instalado".
De manera general, cita tres "problemas principales" en la aplicación de esta directiva, el primero de los cuales tiene que ver con el hecho de que las leyes nacionales está limitadas en el lugar de trabajo, donde la norma también prohíbe la discriminación en protección social, educación y acceso a bienes y servicios, incluido alojamiento.
En segundo lugar, la Comisión constata que la definición del término "discriminación" y otros que también figuran en la directiva, como "abusos" o "instrucciones para discriminar", difieren de unos países a otros. Por último, argumenta que existen "inconsistencias" en las provisiones para ayudar a las víctimas de discriminación, como la protección contra la victimización, el traslado de la carga de la prueba o los derechos de asociación.
El comisario de Empleo y Asuntos Sociales, Vladimiar Spidla, recordó que "el derecho a ser tratado en igualdad es fundamental, pero cada día en la UE la gente se enfrenta a la discriminación en sus trabajos, colegios, tiendas, a la hora de encontrar alojamiento y en la asistencia médica debido al color de su piel". "Las leyes de la UE sobre igualdad son vitales para superar estas barreras y eliminar el tratamiento discriminatorio", añadió.
Spidla advirtió que "tenemos que asegurar que estas reglas se aplican apropiadamente, de manera que la gente en Europa pueda tener una plena protección legal contra la discriminación en práctica".
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