El Congreso aprobó esta semana de forma definitiva, tras ratificar las enmiendas debatidas en comisión y que se envían ahora al Senado, la nueva Ley de Derechos y Deberes de los Guardias Civiles que, entre otros aspectos, legaliza el asociacionismo en el Instituto Armado. La ponente, la diputada socialista por Cádiz, Mamen Sánchez. Y en la tribuna de invitados, el secretario nacional de Comunicación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, Juan Antonio Delgado, junto a la directiva del colectivo.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, agradeció tras el debate todas las aportaciones de los grupos y subrayó que, junto a la reforma del Régimen Disciplinario del Cuerpo, se culmina un "proyecto de modernización" del Cuerpo. "Sienta las bases de la Guardia Civil del siglo en el que entramos", añadió, en una contribución "a la mejora de la seguridad de los españoles". La ley viaja hacia el Senado con los 183 votos a favor de PSOE, CIU, PNV, ERC, IU y Grupo Mixto y los 131 votos en contra del PP.
La parlamentaria Mamen Sánchez incluyó esta iniciativa en la "legislatura de la ampliación de derechos" y en el "reconocimiento del Gobierno a la labor de la Guardia Civil". "Presupuesto y leyes", enfatizó, antes de reivindicar la apuesta del Ejecutivo y del PSOE por el diálogo y el consenso durante la tramitación de las enmiendas. Sánchez, que agradeció a todos los portavoces su voluntad política para llegar a acuerdos, lamentó el desmarque final del PP.
La diputada hizo un recorrido por los principales logros de la ley en materia de asociacionismo y reivindicó la colaboración de varios ministerios en este proyecto y también el papel de las asociaciones. "Sois los protagonistas de la ley", les dijo a los agentes.
La posición más crítica la defendió la portavoz de Interior del PP, Alicia Sánchez Camacho, quien denunció las "deficiencias" del proyecto y sus "lagunas". Por ello, quiso destacar las aportaciones del grupo popular, entre ellas, el reconocimiento del derecho del guardia civil a asistir a manifestaciones a título particular, la retribución de las horas extraordinarias y el conocimiento previo del horario y los turnos.
El portavoz de Interior de CIU, Josep Maldonado, consideró que la tramitación ha mejorado mucho el texto de una ley que, a su juicio, "adapta a la Guardia Civil a la realidad social" y regula unos derechos y libertades, antes "muy reducidos".
En favor de la plena desmilitarización volvió a manifestarse el portavoz de ERC, Agustí Cerdá, quien, no obstante, aseguró que "aunque no hemos llegado al final del camino hemos recorrido un trecho importante". El ponente del PNV, Emilio Olabarría, expresó su sensación de "acto fallido" por los "atavismos político-jurídicos" que impiden la desmilitarización total.
Isaura Navarro, de IU, se felicitó por los nuevos derechos logrados por un colectivo "muy castigado" y celebró que después de treinta años "la Constitución entre, aunque de lado, en los cuarteles de la Guardia Civil". Navarro exigió al Gobierno que acabe con la "persecución y acoso" a los líderes asociacionistas, entre ellos tres agentes gaditanos, y pidió a Interior que "paralice" de inmediato los "intolerables" expedientes abiertos tras la manifestación uniformada de la Plaza Mayor.
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