La actual consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía y ex presidenta de Emasesa, Evangelina Naranjo, deberá declarar en calidad de testigo en el juicio que se celebrará en el Tribunal de Cuentas contra el ex gerente de la citada empresa municipal, Francisco Aguado, por presuntas irregularidades en el despido de la directiva comercial en 2002.
Según explicaron fuentes del caso, en la audiencia previa celebrada hoy en Madrid, tanto el Ministerio Fiscal como la defensa de Aguado han propuesto como prueba la declaración de Naranjo para esclarecer cómo se produjo el cese de la citada trabajadora, que supuso una indemnización de 336.000 euros.
De igual modo el fiscal ha propuesto también la testifical de la entonces vicepresidenta de Emasesa, la andalucista Isabel Guerra-Librero, y del secretario del Consejo de Administración. Por su parte, el letrado de la defensa, Joaquín Moeckel, solicitó también la documentación relativa a la gestora del fondo de pensiones Serplan "a fin de informar sobre los planes de pensiones de los trabajadores", así como los Estatutos de la empresa "para acreditar que el gerente tenía competencias para despedir sin la autorización de la Comisión Ejecutiva".
El despido de la directora comercial se produjo el 8 de febrero de 2002, recibiendo una indemnización de 336.000 euros. Posteriormente, el 12 de febrero, la entonces presidenta de Emasesa convocó un Consejo Consultivo para "agradecer a la trabajadora los servicios prestados durante 27 años", según explicó Moeckel a Europa Press. En la misma, la directora comercial señaló que "ser marchaba por motivos personales".
Precisamente, fueron estas declaraciones de la directiva las que levantaron en 2004 ante la Cámara de Cuentas de Andalucía las sospechas de supuestas irregularidades en la gestión de Aguado, "ya que si se trataba de una baja voluntaria no tendría que haberse pagado un despido de 336.000 euros". Fue entonces, cuando el asunto fue derivado al Tribunal de Cuentas que inició el procedimiento de reintegro por alcance, para investigar lo sucedido.
El abogado señaló que la defensa del ex gerente se basa en demostrar que "el despido fue conciliado, algo que recoge la ley", y que las declaraciones de la empleada en el Consejo Consultivo "fue una mera cuestión estética". Asimismo, el letrado destacó que de no ser por la conciliación alcanzada "el despido hubiera costado a Emasesa 600.000 euros porque se hubiera reclamado también el plan de pensiones".
Por último, Moeckel destacó que Emasesa "no ha demandado a Aguado por su gestión, lo que es una muestra más de que no se dieron irregularidades en la gestión", a lo que añadió de que en caso de que prosperara la acusación del Ministerio Fiscal, el gerente sería "condenado a devolver los 330.000 euros y sin embargo no la trabajadora".
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