Eduardo Castellón y Rafael Puertas, dos de los fundadores y principales imputados en la querella que la Fiscalía presentó contra la antigua directiva de Intervida, cobraron sueldos mensuales de unos 3.000 dólares de una asociación vinculada a la ONG sin que conste que realizaran trabajo alguno para ella.
Así lo mantiene la Fiscalía en la querella que presentó contra los dos fundadores y otras cuatro personas vinculadas a la directiva de la ONG, la tercera más grande de España, por un delito continuado de estafa o apropiación indebida, otro societario y asociación ilícita.
De acuerdo con la querella, a la que ha tenido acceso EFE, la Asociación para la Ayuda al Tercer Mundo Intervida Guatemala pagó entre 1999 y marzo de 2006 un total de 237.807 dólares a Eduardo Castellón, sin desempeñar cargo ni trabajo alguno para esa entidad.
Esa cantidad total la fue cobrando en sueldos mensuales que en 1999 fueron de 2.607 dólares, 2.518 en el 2000, 2.524 en el 2001, 2.532 en el 2002, 2.531 en el 2003, 3.159 en el 2004 y 3.157 durante los años 2005 y 2006.
Por su parte, el otro querellado, Rafael Puertas, habría cobrado presuntamente de la misma asociación 161.043 dólares entre 2003 y marzo de 2006, también mediante pagos mensuales, sin que en ese período realizara actividad alguna para ella, según la fiscalía, aunque habría sido durante un año director ejecutivo y regional de la Asociación a la Ayuda al Tercer Mundo Intervida Guatemala.
La investigación de la Fiscalía ha permitido poner al descubierto la existencia de una doble contabilidad en Intervida, una para asuntos internos y otra para los efectos fiscales, que también se habría mantenido en otras asociaciones y sociedades vinculadas a la ONG.
Fondos destinados a ayudas que nunca llegaron
En el período comprendido entre los años 1999 y 2003, únicos ejercicios de los que el Ministerio Público dispone de información contable, las transferencias a los países del Tercer Mundo se efectuaban en el último trimestre del año, y en las cuentas se contabilizaban como aportaciones monetarias a proyectos solidarios, aunque su destino real eran cuentas de depósito bancarias.
La fiscalía sólo dispone de datos contables de esos cuatro años porque, posteriormente, los querellados le denegaron la documentación que les fue requerida con el argumento de que "eran un gran volumen y tenían dificultades para aportarla".
Concretamente, los datos que fueron denegados a la Fiscalía correspondían a los sueldos de los querellados, las identidades de las personas que dirigían Intervida en los países del Tercer Mundo, información sobre el modo de distribución del dinero recaudado y de los proyectos impulsados por la ONG, así como de las personas que se habían beneficiado de los mismos.
Como medidas cautelares, la Fiscalía pidió al juzgado de instrucción número 17 de Barcelona, que investiga la querella, la intervención y bloqueo de todas las cuentas de depósito a plazo fijo en España, Perú y Guatemala que figuran a nombre del medio de centenar de sociedades, asociaciones y fundaciones, y de las decenas de testaferros que utilizaba Intervida para desviar fondos.
El Ministerio Público solicitó también al juez que autorizara la escucha de conversaciones telefónicas entre los seis querellados y la Fundación Intervida durante un plazo de diez días, para averiguar si, con motivo de la investigación judicial, se ponían en contacto para realizar movimientos de capital de cuentas bancarias en cualquier parte del mundo o la ocultación y destrucción de documentación.
Además del registro de las sedes de Intervida, la Fiscalía reclamó que se solicitara al Banco de España certificación de todas las transferencias realizadas en el extranjero desde el año 1999 hasta la fecha por los titulares de las fundaciones y sociedad vinculadas a Intervida. También está previsto que se tome declaración, en calidad de testigos, a todas las personas que han formado parte del Patronato de las Fundaciones, así como los directores de las asociaciones y sociedades relacionadas con la ONG.
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