Dos juzgados de Motril, uno de Instrucción y otro de lo Social, investigan el despido del trabajador municipal del Ayuntamiento de Molvízar Carlos Jiménez García, de 38 años de edad, que en mayo pasado perdió su empleo, según la denuncia, por negarse a votar por correo al PP.
Un juzgado de instrucción tramita la denuncia de la Fiscalía que abrió de oficio una investigación tras conocerse en mayo pasado, unos días antes de las elecciones municipales, el contenido de una grabación realizada por el propio trabajador en la que su encargado de Mantenimiento y miembro de la ejecutiva local del PP, Francisco Arenas, le advertía de las consecuencias si no emitía su voto por correo en apoyo de dicho partido.
Al margen de esta investigación, el propio trabajador interpuso una demanda en el Juzgado de lo Social número 1 de Motril para que se declare nula la medida adoptada por el gobierno local.
La decisión del afectado, que se encuentra en la actualidad en paro, se apoya en la supuesta vulneración de los derechos fundamentales al producirse, según UGT -el sindicato que tramita su caso-, una violación contra su libertad "al no transigir con la coacción que se le pedía". Con anterioridad, el 7 de junio, se realizó una reclamación previa al Ayuntamiento de Molvízar a la que no respondió en el plazo fijado de un mes, por lo que se procedió a formalizar la demanda.
El Juzgado de lo Social ya ha citado a declarar el día 22 de agosto a Carlos Jiménez que decidió registrar en una grabadora mp4 la conversación que mantuvo con su encargado tras recibir presiones con anterioridad. En la conversación que en su día difundió RadioGranada, Francisco Arenas, el responsable de Mantenimiento, trata de convencer al trabajador de la necesidad de votar por correo supuestamente a la lista encabezada por el alcalde Fermín García Puentedura (PP), que días después consiguió renovar la mayoría absoluta. "El voto va cerrado y nadie tiene un escáner y nadie sabe lo que vota uno, te lo pregunto por el mosqueo que tienen…, por eso, cada uno con sus consecuencias", advertía Francisco Arenas.
Desde UGT se interpreta esta frase como una "coacción" que luego se tradujo, según el sindicato, "en una represalia contra el trabajador por no haber cedido a votar por correo al PP".
Lo que se persigue ahora es conseguir del Juzgado de lo Social un despido nulo donde el trabajador pueda elegir entre una indemnización o su readmisión en el puesto de trabajo, en lugar de un despido improcedente donde es la empresa la que decide en última instancia entre las dos posibilidades antes citadas.
El abogado sindical pondrá el acento, además, en el supuesto fraude de ley cometido por el Ayuntamiento de Molvízar con dicho trabajador que llevaba con contratos temporales desde el año 1999.
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