La Justicia no da respiro al constructor José Ávila Rojas. Imputado por su presunta participación en el saqueo de Marbella -fue detenido poco después de que se desatara la 'Operación Malaya'- y procesado por dos supuestos delitos de estafa en Granada, el promotor ha de enfrentarse ahora a una nueva acusación: la Fiscalía pide para él una pena de tres años de cárcel por la muerte, en accidente laboral, de un albañil en la localidad de Santa Fe.
Según informaron fuentes judiciales, además de Ávila Rojas, el Ministerio Público ha presentado cargos contra otras cuatro personas.
El siniestro laboral ocurrió en 2004, el año en que la paciencia de los sindicatos saltó por los aires y reclamaron contundencia para frenar unas estadísticas teñidas de luto.
El obrero falleció al precipitarse al vacío desde una altura de unos diez metros cuando trabajaba en un bloque de viviendas en construcción en Santa Fe.
Descalabrado
Cuando una UVI móvil llegó al lugar de los hechos, el infortunado trabajador ya era cadáver. Nadie pudo hacer nada por él. El hombre se descalabró, sufrió un traumatismo en la cabeza incompatible con la vida.
Tras una ardua investigación, la Fiscalía estima que los promotores de la obra -entre ellos, Ávila Rojas- no hicieron lo suficiente para garantizar la seguridad de los empleados. En este sentido, el escrito de acusación menciona, entre otros, el presunto delito de de homicidio por imprudencia.
Poco después de producirse el fatal accidente, el Defensor del Pueblo Andaluz inició una actuación de oficio para intentar aclarar el suceso.
Once fallecidos y huelga
2004 fue un año terrible en materia de siniestros laborales. Las estadísticas de muertes reventaron: once fallecidos, de los cuales, ocho pertenecían al sector de la construcción. En 2003 habían sido seis.
El último de esa macabra lista fue un joven ecuatoriano de 29 años -que trabajaba pese a carecer de papeles- que murió el 21 de diciembre de 2004 tras el derrumbe de un muro de un edificio en demolición de la Cuesta Gomérez de Granada. Como quiera que la obra había sido encargada por el Ayuntamiento de la capital, la Fiscalía acabó por pedir penas de cárcel para tres destacados funcionarios municipales. Este caso está pendiente de juicio.
El brutal balance de 2004 disparó todas las alarmas y las centrales sindicales mayoritarias, UGT y CC OO, anunciaron su intención de ir a la huelga.
En octubre de 2005, tuvo lugar la jornada de paro, que vació prácticamente todos los tajos de la capital y la provincia.
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